La ley audiovisual ha sido una de las claves de la negociación entre el Gobierno y ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo ha pactado con los republicanos establecer en ese proyecto la obligación de que las plataformas audiovisuales -del estilo de Netflix- ofrezcan al menos un 6% del total de sus contenidos en catalán, euskera o gallego. El texto será aprobado en las próximas semanas como proyecto de ley en el Consejo de Ministros y comenzará a tramitarse en el Congreso. Estas son sus principales claves:

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Un porcentaje mínimo de producción en lenguas cooficiales

Por la importancia que ha tenido en la negociación presupuestaria, quizá la más mediática de las medidas que contendrá la nueva ley audiovisual es la cuota que tendrán que garantizar dentro de sus catálogos las plataformas a las producciones en lenguas cooficiales del Estado. Al tratarse de la transposición de una directiva europea, la nueva norma obligará a estas empresas a que al menos el 30% de los contenidos que ofrezcan sean de producción europea. De ese porcentaje, al menos la mitad -el 15% del total- tendrá que ser producción española. Y al menos un 40% de esa mitad -es decir, el 6% del total- deberán ser producciones en catalán, gallego o euskera.

Esta cuota la tendrán que cumplir tanto las plataformas privadas como las de carácter público -como RTVE Play-, aunque no TVE en sus emisiones televisivas. Fuentes del Ministerio de Economía explican que, para contar dentro de ese cupo del 6%, deberá acreditarse que la producción es en esos idiomas cooficiales, y no contarán como tal las producciones en otras lenguas posteriormente dobladas. Eso sí: no será necesario que las plataformas produzcan sus propios contenidos en euskera, gallego o catalán, sino que también podrán ofrecer producciones de terceros cuyos derechos adquieran.

Sin reparto entre las lenguas

Fuentes de Economía confirman, además, que la nueva ley audiovisual no garantizará cuotas mínimas para el catalán, el gallego y el euskera dentro de ese 6% del total de contenidos en lenguas cooficiales que tendrán que ofrecer las plataformas. Es decir: en el caso más extremo, una empresa podría cumplir la norma incluyendo en su catálogo un 6% de obras solo en catalán, por ejemplo, aunque no ofreciese ninguna en euskera y gallego. 

A partir de 2023

La comprobación de que la ley se cumple se realizará anualmente, para que las plataformas tengan cierta flexibilidad y así ofrecer ese mínimo del 6% en lenguas cooficiales que les exige la ley de entre todos los títulos que incluyan. Además, fuentes del Ministerio de Economía afirman que la norma dará un año a las empresas para adaptar sus catálogos, lo que implica que esta cuota no se pondrá en marcha hasta 2023.

Subtitular, obligatorio si es posible

Otra de las medidas pactadas por el Gobierno con ERC para la ley audiovisual contempla que las plataformas del estilo de Netflix estarán obligadas a incluir doblaje y subtítulos en catalán, euskera y gallego en todos los contenidos que ofrezcan siempre y cuando estos ya existan. Es decir: no se forzará a las empresas a doblar o subtitular todas sus producciones, pero sí a comprar y facilitar a los clientes estos doblajes y subtítulos en las lenguas cooficiales si estos ya existen y tienen la calidad suficiente, concretan fuentes de Economía. Los operadores, sostienen estas fuentes, tendrán que asumir el coste de esta medida.

Multas ponderadas por ingresos

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Fuentes de Economía explican, igualmente, que la nueva ley audiovisual incluirá un régimen sancionador para castigar el incumplimiento de sus preceptos. No obstante, la principal novedad es que las multas estarán ajustadas al nivel de ingresos de la persona física o jurídica sancionada, si bien el Ministerio no concreta cuál será la cuantía de esas sanciones para los diferentes tipos de infracción.