El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia que obligaba a impartir en castellano al menos el 25% de las clases en las escuelas catalanas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pasa, así, a ser firme, lo que supone el fin del modelo de inmersión lingüística que hace del catalán la lengua vehicular en los centros educativos.

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha comparecido esta tarde junto a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, para informar sobre la decisión del tribunal, que ha definido como un "nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán perpetrado por un tribunal alejado de la realidad sociolingüística de los centros".

En su intervención, Gonzàlez-Cambray ha lanzado, no obstante, un mensaje de "tranquilidad" a las escuelas de la comunidad y ha asegurado que, pese a la nueva situación, no habrá "ningún cambio" en el sistema vigente. "Los centros deben seguir trabajando como hasta ahora y no tienen que hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos", ha dicho.

El conseller ha señalado que el hecho de que "sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua es una anomalía y un menosprecio a los profesionales de la educación". "El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes y menos cuando estamos en plena transformación educativa, que ha venido para quedarse", ha añadido.

El TSJC ya estableció este 25% en 2014

El modelo catalán de inmersión lingüística lleva años siendo cuestionado por la Justicia. De hecho, el TSJC ya estableció en 2014 que el Departamento de Educación debía asegurar un mínimo del 25% de las clases en castellano. En aquel momento, la sentencia hacía referencia a ocho alumnos, pero fijaba que éste era el criterio a seguir cuando un estudiante solicitase las clases en esta lengua.

La sentencia de 2014 fue la primera que fijó este porcentaje después de que varios tribunales instasen al Govern de la Generalitat a establecer el castellano también como lengua vehicular en los centros educativos, aunque sin concretar la proporción.

Pese a que este criterio se aplicaba en los casos en los que las familias lo pidiesen, en diciembre de 2020 el TSJC emitió una sentencia que obligaba a todo el sistema educativo a impartir el 25% de las clases en castellano, un fallo contra el que la Generalitat presentó el recurso que ha rechazado el Supremo.

80 familias han pedido las clases en castellano desde 2005

Respecto al número de familias que han pedido las clases en castellano para sus hijos, el conseller de Educación ha asegurado que son "sólo 80" desde el año 2005, por lo que ha negado que exista un conflicto lingüístico en las escuelas catalanas.

Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado de "ataque muy grave" y de "falta de respeto hacia los docentes" la decisión del Supremo. "El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades en el país", ha añadido.

En este sentido, Aragonès ha asegurado que trabajarán "todas las vías posibles" para superar la situación y ha dicho que ve "fundamental" incrementar el uso del catalán en las escuelas, un plan que, ha explicado Cambray, el Govern ha puesto en marcha tras detectar un descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes.

De hecho, y como ejemplo, sólo el 14% de los alumnos de secundaria y el 35% de los de primaria hablan catalán en el patio, según datos de la Plataforma de la Llengua.

Òmnium pide no descartar la desobediencia

Òmnium Cultural ha pedido que no se descarte la desobediencia para defender la inmersión lingüística tras la decisión del Supremo. La entidad considera el hecho un "ataque intolerable" a un "modelo de éxito" como es la escuela en catalán y ha emplazado a ignorar la sentencia si se agotan todos los mecanismos. El presidente de la entidad, Jordi Cuixart, ha pedido a las instituciones que blinden el modelo.

Societat Civil Catalana, por otra parte, ha celebrado la decisión del Supremo, que han definido como "un triunfo histórico por la igualdad de oportunidades frente a un modelo reaccionario". En un comunicado de este martes, la entidad ha considerado que el rechazo al recurso supone un "varapalo al sectarismo lingüístico que ha practicado la Generalitat y sus organizaciones civiles satélites".