El Congreso avaló este jueves el nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, pese a la fuga de votos que sufrió la coalición de Gobierno en la votación correspondiente a Enrique Arnaldo, uno de los candidatos del PP. Arnaldo cosechó 232 votos frente a los 242 que suman socialistas, populares y morados en el Congreso, por lo que una decena de parlamentarios no habrían seguido las instrucciones de sus respectivas direcciones. La otra candidata de los populares, la magistrada Concepción Espejel, logró 237 votos, y de los dos nombres planteados por los socialistas, los magistrados Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, consiguieron 240 votos. Hubo 8 votos en blanco y uno nulo.

El socialista Odón Elorza, que había dicho que apoyaría el acuerdo con la "nariz tapada", finalmente no votó a Arnaldo y, tras hacerlo público en redes sociales, el grupo parlamentario señaló que estudiará la posibilidad de sancionarlo. También se abstuvo el exministro y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, aunque en su caso asegura que se trató de un "error". Ábalos explicó que había escrito los nombres en la papeleta telemática, pero, cuando dio a votar, "salió blanco". "Lo comuniqué al grupo al darme cuenta, pero ya no había nada que hacer", afirmó.

De total de 349 diputados que tiene actualmente el Congreso –ya que Unidas Podemos aún no ha sustituido a Alberto Rodríguez, que perdió su escaño tras ser condenado por el Supremo por una agresión a un policía–, hay cien que no emitieron su voto para la renovación de estos órganos en señal de protesta, entre ellos los de Vox, Ciudadanos y Más País, por un lado, y ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, CUP, JxCat y BNG, por otro y que además se han ausentado al principio del debate en señal de protesta.

Durante el debate, el socialista Francisco Aranda evitó criticar de forma expresa a los candidatos propuestos por el PP e instó a los populares a renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el argumento de que es necesario cumplir la Constitución. Frente a los "lobos de la ultraderecha que están al acecho de la democracia", agregó, es necesario preservar el normal funcionamiento de las instituciones.

Desde el PP, Vicente Tirado consideró que el pacto con el PSOE es "hacer política con mayúsculas", porque supone precisamente contribuir a su normal funcionamiento, y, ante las críticas, se mostró convencido de que los futuros magistrados del Constitucional desempeñarán su cargo "con lealtad e independencia" y basándose en criterios estrictamente jurídicos.

Por Unidas Podemos, su diputado Antón Gómez-Reino admitió que se trataba de una votación "difícil" para su grupo y que era necesario acabar con una "situación absolutamente intolerable" y con el "secuestro antidemocrático" de los órganos constitucionales.

Por su parte, el Pleno del Tribunal Constitucional avaló a los cuatro nuevos juristas designados por el Congreso con nueve votos a favor y uno en contra.

Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas

El pleno de la Cámara baja también aprobó la elección de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo en una votación que contó con 240 votos a favor, 6 en blanco y 3 nulos, por lo que ha superado la mayoría cualificada necesaria de tres quintos y pasará ahora al pleno del Senado para que vote su nombramiento. la votación tendrá lugar el próximo martes en la Cámara Alta y, una vez superado el trámite, Gabilondo tomará posesión de su cargo el próximo 18 de noviembre. María Teresa Jiménez Becerril y Patricia Bárcena García serán las adjuntas primera y segunda, respectivamente.

Finalmente, PSOE, PP y Unidas Podemos también sacaron este jueves adelante el nombramiento de seis nuevos consejeros para el Tribunal de Cuentas. Este tribunal es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público y depende directamente de las Cortes Generales. Los seis consejeros del Tribunal de Cuentas son designados por un período de nueve años, en tanto que las presidencias tienen una vigencia de tres años. Entres los seis consejeros designados por el Congreso, Enriqueta Chicano, que lleva 25 años en este órgano, se perfila como la candidata para presidir el Tribunal de Cuentas.