Los relojes marcan las diez de la noche en Sibiu, Rumanía, y el aspecto de la ciudad es desolador, completamente desierta. Tan solo parejas de policías patrullan las calles vacías para controlar que los ciudadanos respeten el toque de queda impuesto a los no vacunados en todo el país. En consonancia, comercios, bares y restaurantes -en los que solo pueden entrar los inmunizados- llevan al menos una hora cerrados. El motivo son las nuevas restricciones contra la COVID-19, que azota con virulencia el este y centro de Europa.
Con unos 300 fallecidos diarios, una tasa de inmunización del 34% y recién rebasado un pico de incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes, el Gobierno rumano ha optado por apuntar a los no vacunados como objetivo de las restricciones para frenar el avance del virus. No ha sido, no obstante, el único estado en hacerlo, pues muchas naciones se han sumado a esta tendencia de poner el foco en los no protegidos contra la COVID-19, al registrar los peores datos de contagios desde el inicio de la crisis.
El confinamiento de los mayores de 60 años no vacunados en Moscú, la posibilidad de despedir a quien no recibe el suero en Letonia o la prohibición de acceso a bares y eventos de ocio a los no inmunizados en Austria son algunas de las medidas que han comenzado a adoptar los países europeos ante el aumento -desbocado en algunos casos- de los contagios. Esta decisión reabre el debate sobre la ética y la legalidad de centrar las limitaciones en un único colectivo: ¿es legal? ¿resulta discriminatorio?
"Cada país tiene su regulación. Si estas medidas son o no discriminatorias depende de las legislaciones de cada uno de ellos"
"Cada país tiene su regulación. En general, si estas medidas son o no discriminatorias, que yo puedo entender que sí, depende de las legislaciones de cada uno de ellos. En España no es posible aplicar algo así, pero puede ser que el ordenamiento jurídico de Rusia, Letonia o Rumanía sí lo permita", explica a 20minutos el presidente de la sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Juan José Bestard.
Más que "discriminatorias", matiza el experto, la clave es que estas restricciones atacan derechos reconocidos como fundamentales en la inmensa mayoría de los países, como el trabajo o la libre movilidad. Por eso, para poder implantar este tipo de medidas necesitarían una ley orgánica. "Los ordenamientos jurídicos de estos estados son complejos y desconozco el matiz concreto, pero imagino que, si lo han hecho, será porque estos se lo permiten. No tengo por qué suponer que hagan las cosas mal", añade.
Sin alternativa a la vacunación
También considera "discriminatorias" estas limitaciones dirigidas a este grupo concreto la directora del Área de Salud del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), M.ª Cruz Martín: "Está limitando los derechos de determinadas personas, en función de si están vacunadas o no, y no debería ser así". Sin embargo, destaca que este procedimiento busca "mejorar la situación de la pandemia" al conseguir una tasa de inmunización mayor. "Otra cosa es que pueda estar o no justificada en cada momento por las circunstancias", agrega.
La valoración cambia, detalla la experta en Bioética y Derecho, cuando al requisito de vacunarse se ofrecen alternativas, como la opción de presentar una prueba PCR o un test de antígenos con resultado negativo. Esto es lo que hizo Italia cuando implantó la obligatoriedad de presentar el certificado COVID para acudir a trabajar para fomentar la inmunización. "Si no te dan esta oportunidad y no lo puedes sustituir por nada, es claramente discriminatorio". Es precisamente esta posibilidad la que han eliminado muchos países con estas nuevas normativas.
Una forma de obligar a vacunarse
Detrás de estas restricciones impuestas a los no protegidos en una Europa que asiste frustrada al incremento de los contagios, se encuentra la voluntad de los Gobiernos de "forzar a los ciudadanos a recibir el suero contra la COVID". "Estos países están buscando soluciones alternativas para que la gente se vacune. La mejor fórmula es la educación sanitaria, pero han llegado tarde, porque se invierte poco en esto", señala Bestard.
"Pongamos que un país dice que es obligatorio vacunarse. ¿Cómo un Gobierno va a forzar a alguien?"
Otro concepto importante en la práctica adoptada por estos países europeos es la "eficacia legislativa", recalca el experto en Derecho Sanitario. "Pongamos que un país dice que es obligatorio vacunarse. ¿Si uno no lo hace, qué pasa? Si una ley es coercitiva, tiene que ser posible coercer a los ciudadanos. ¿Y si es un niño de 14 años el que se niega, quién es el responsable? ¿Cómo un Gobierno va a forzar a alguien? ¿Lo va a echar del trabajo? ¿Y si tiene una familia con cinco hijos y está manteniendo a sus padres? Puede ser peor el daño", insiste.
¿Podría ocurrir en España?
Ante la perspectiva de que esta situación pueda reproducirse en España, con prohibiciones exclusivamente para los no vacunados, Bestard es rotundo: "No es posible". "Para limitar un derecho fundamental, como el trabajo o la movilidad, tiene que existir una ley orgánica que ampare estas medidas. Y no la hay", afirma.
En este sentido, remite a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales algunos aspectos del primer y el segundo estado de alarma declarados por la pandemia. "El Gobierno, sorprendentemente, se dedicó a limitar la movilidad a través de unos decretos diciendo que había una ley que lo permitía. No es así", remarca.
Estas medidas aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los primeros compases de la pandemia habrían contado con el respaldo constitucional si hubiera existido una ley de pandemias que contemplase estos actos extraordinarios. Esta misma norma podría amparar las limitaciones a no vacunados que los países vecinos están poniendo en práctica, de ser necesarias en España.
"No creo que nosotros vivamos lo que está pasando en Europa"
Conocido el marco legal, Martín duda de que, con la cifra de inmunizados en territorio nacional y la evolución de la pandemia en el país, estas medidas vayan a hacer falta. "Tenemos la suerte de ser una población que ha entendido esa necesidad de vacunarse de forma voluntaria, con una tasa muy alta de personas con la pauta completa. No creo que nosotros vivamos lo que está pasando en Europa", confía, en medio de la crisis del resto del continente.
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