El Gobierno hace "preferente" la gestión directa y pública de la sanidad pero no excluye que pueda estar en manos de empresas privadas, aunque esas casos deberán justificarse más que en la actualidad. Así se desprende del anteproyecto de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad que ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros para evitar que haya más copagos y exonerar del copago ortoprotésico a quienes ya están exentos del farmacéutico, y que ha provocado nuevas diferencias dentro de la coalición. Unidas Podemos ha rechazado el anteproyecto porque mantiene la posibilidad de privatizar la gestión sanitaria, mientras que la ministra Carolina Darias ha asegurado que la gestión será "preferentemente" pública y que la entrada de empresas privadas deberá justificarse, aunque el texto no cierra la puerta por completo a ese modelo, que "priorizará" el público.

Darias anuncia que quienes no pagan por sus medicamentos no tendrán tampoco copago por las prótesis ortopédicas

Estas nuevas diferencias entre los dos socios de la coalición se centran en ese punto de una norma que, por lo demás, y como ya había anunciado Darias, impedirá que puedan introducirse más copagos, por ejemplo, en el transporte sanitario no urgente, en productos dietoterápicos y ortoprotésicos. Con respecto a estos últimos, hará que las personas que ya están exentas del copago farmacéutico -por cobrar el ingreso mínimo vital u otras rentas de inserción, por ejemplo- no tengan que pagar tampoco por productos ortoprotésicos.

De la misma manera, la futura ley incorporará y ampliará el real decreto ley que aprobó el primer Gobierno de Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa en julio de 2018 para garantizar la atención sanitaria gratuita a las personas extranjeras que se encuentren en España sin sus papeles en regla. Según ha explicado Darias, ahora se "garantiza la homogeneidad" en todo el país en la asistencia de estas personas que no se logró en 2018.

Sin embargo, las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos tienen que ver con la posibilidad de privatizar la gestión de la sanidad que introdujo una ley del PP de 1997. Darias asegura que la nueva norma la "deroga" y durante la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros ha insistido en que la ley que este lunes ha dado su primer paso "avanza en una gestión directa". Según ha dicho, la gestión "directa y pública" es  "preferente" para el Gobierno y se plasma en una norma que, ha dicho, "pretende fortalecer el sistema nacional de salud". 

El Gobierno todavía no ha difundido el texto del anteproyecto, pero de las partes que se van conociendo se entiende que la gestión de la sanidad deberá ser de carácter público, pero que también se podrá dejar en manos privadas siempre que esté justificado por razones sanitarias y económicas y cuando se acredite que la administración competente no puede asumir la gestión.

"En el marco de la gestión del sistema nacional de salud, la prestación y la gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios serán preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público", ha indicado Darias durante la rueda de prensa.

Ha añadido que el anteproyecto contempla también que las fórmulas de gestión privadas "tendrán que contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario, sociosanitario y económico la necesidad de tener que acudir a ellas, teniendo en cuenta con carácter previo la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios".

"Es decir, el carácter preferente es la prestación directa y pública, las otras fórmulas de gestión tendrán que justificarse", ha resumido Darias.

Malvender la sanidad a los buitres

Sin embargo, Unidas Podemos critica que, aunque deroga la ley de 1997, el anteproyecto de ley que se ha aprobado este lunes incorpora parte de su texto, lo que ha llevado a los morados a acusar a la parte socialista de querer privatizarla "malvendiéndola  a los buitres", en palabras de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.

Los morados insisten en que lo aprobado este lunes no cierra la puerta a más privatizaciones porque, como la ley de 1997, también indica que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios, propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la presente ley".

La ministra socialista ha insistido en que el anteproyecto es "del Gobierno" y que cumple el acuerdo de coalición, pero Unidas Podemos no ha quedado satisfecha con la redacción de la norma y ha anunciado que la enmendará cuando llegue al Congreso.

De esta forma, de momento no remite un último desencuentro entre los socios del Gobierno del que se supo el viernes pasado, tras la última comisión de secretarios y subsecretarios de Estado donde se vio el texto antes de enviarlo a aprobar al Consejo de Ministros de este lunes. Entonces Unidas Podemos anunció que no podía apoyarlo, al considerar que no supondría llevar a cabo "un proceso de desprivatización de la Sanidad" como el que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana, donde por primera vez no se ha renovado un convenio con el Grupo Ribera, que hará que el hospital de Torrevieja vuelva a estar gestionado por la Consellería de Salut.

A medida que pasaban los días y las horas, quedaba claro que el caballo de batalla tenía que ver con la ley que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 1997, que estableció que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas". Unidas Podemos ha esgrimido el acuerdo de coalición, donde los dos socios acordaron "revisar" la Ley 15/1997 "y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema".

Antes de la comparecencia de Darias, Unidas Podemos ha anunciado incluso que enmendará el proyecto de ley de Equidad en el Congreso "con el objeto de “cerrar la puerta a la privatización”.

Poco después, la ministra de Sanidad aseguraba en Moncloa que su anteproyecto de ley "deroga" la ley de 1997 y que, aunque no se cierra la puerta del todo a la privatización de la sanidad -ni se revierten las privatizaciones ya hechas- la "preferencia" del Gobierno es la gestión directa de titularidad pública y que las iniciativas privadas deberán quedar "justificadas".