El Gobierno reformará el impuesto de plusvalía declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional para evitar que los ayuntamientos sufran un agujero de consecuencias impredecibles en sus arcas. Así lo anunció este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el mismo día que la justicia hizo pública de forma íntegra una sentencia que ya se conoció parcialmente la semana pasada y que provocó que los principales alcaldes y alcaldesas de España exigieran al Gobierno una solución rápida.

Montero realizó este anuncio durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que se someterá esta semana a su primer examen ante el pleno de la Cámara Baja, que previsiblemente rechazará las enmiendas de la oposición para derribar las cuentas. La ministra de Hacienda afirmó que, en las próximas fechas, el Ejecutivo aprobará una reforma del impuesto de plusvalía para "corregir los elementos inconstitucionales" y dar así "tranquilidad a los contribuyentes" y estabilidad a la "financiación de las entidades locales".

Los ayuntamientos, en alerta por su financiación tras la sentencia de la plusvalía: alcaldes de todos los partidos piden una "solución urgente"

"En relación a la situación generada por la reciente sentencia comunicada en el día de hoy por el Tribunal Constitucional, la que se refiere al impuesto de plusvalía, quiero anunciarles que, en el momento en el que estudiemos la sentencia, llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales", afirmó concretamente la ministra Montero.

El anuncio del Ejecutivo llega después de que los principales alcaldes de España, de todo signo político, hubieran alertado de que la declaración del impuesto de plusvalía como inconstitucional ponía en serio riesgo sus cuentas. El regidor madrileño, José Luis Martínez Almeida, exigió la semana pasada al Gobierno "que solucione de manera urgente" el problema porque, "si no lo hace, priva a los ayuntamientos de una fuente de ingresos esenciales para mantener servicios públicos".

En la misma línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificó la decisión del Tribunal Constitucional como "muy preocupante", y pidió a los regidores de toda España hacer frente común con este asunto porque afecta "a todos los ayuntamientos de todos los colores políticos". Y su homólogo de València, Joan Ribó, aseguró que el Estado debe compensar los fondos perdidos a los ayuntamientos "para no tener una pérdida de ingresos que puede ser significativa".