Una de cal y una de arena en la batalla que mantienen abierta el Gobierno y las principales compañías eléctricas por las medidas adoptadas para contener la subida del precio de la luz. Este jueves, el Ejecutivo consiguió sacar adelante en el Congreso la convalidación del decreto que aprobó a mediados de septiembre. Y lo hizo sin cambios de última hora, por lo que se mantendrá la puesta en marcha de mecanismo para retirar algunos de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, si bien la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, anunció que "en las próximas semanas" el Ejecutivo aprobará "medidas adicionales" para suavizar esta reducción.
La convalidación del decreto salió adelante con los votos de formaciones como ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP, PRC o Teruel Existe que se unieron a los de PSOE y Unidas Podemos para alcanzar los 182. JxCat se abstuvo, y también lo hizo el PNV, que este miércoles ya mostró sus dudas en relación a una norma que tachó de "simplona" y que este jueves pidió "modular" la medida para que la pérdida de beneficios de las eléctricas no revierta en los consumidores. PP, Vox y Cs votaron en contra -150 votos, ya que algunos de sus diputados faltaron- argumentando que el paquete de medidas del Gobierno supondrá una reducción de la oferta y perjudicará directamente a la industria porque conseguirá elevar los precios y no reducirlos, según sostuvieron los populares.
La aprobación del decreto llega después de que este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abriera a rebajar el alcance de una de sus principales medidas: el recorte de los beneficios que consiguen las eléctricas vendiendo toda la energía al precio de la más cara de producir, la procedente de centrales de gas, aunque esta únicamente constituya un 1% del mix total. Este mecanismo, en principio, solo se aplicará hasta marzo de 2022, pero desde que el Gobierno lo aprobó ha generado una importante contestación por parte de las empresas eléctricas, que incluso han amenazado con paralizar parques eólicos y cancelar nuevas inversiones.
Finalmente, el Ejecutivo descartó retirar el decreto para aprobar uno nuevo con esos retoques a los que se comprometió el miércoles el presidente Pedro Sánchez, que prometió "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto". Y tampoco optó por la segunda opción que tenía para matizar las medidas: aprobar su tramitación como proyecto de ley, lo que le hubiera permitido introducir enmiendas. En lugar de ello, lo que planea el Ejecutivo es aprobar un nuevo decreto en las próximas semanas que complemente al convalidado este jueves y suavice algunas de las medidas más contestadas por las eléctricas.
Ribera anuncia nuevas medidas
Así lo confirmó este jueves Ribera, que defendió el "plan de choque" aprobado por el Gobierno para reducir la factura de la luz "en un contexto extraordinario", pero también señaló que "en las próximas semanas" el Ejecutivo espera "complementarlo con otras medidas adicionales". Unas medidas que, insistió la vicepresidenta, en todo caso serán "temporales" y que, en el caso del mecanismo para reducir los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, el Gobierno quiere que no se apliquen a las empresas que "garanticen precios estables" y "razonables" que "no internalicen la escalada de precios del gas" en sus contratos con las industrias.
Es decir: el Gobierno, pese a la presión de las eléctricas, mantiene la herramienta para restarles una parte de los beneficios obtenidos por las compañías al vender toda la electricidad al precio de la más cara de producir. Pero, en su decreto de dentro de unas semanas, ofrecerá a estas empresas la oportunidad de mantener una parte de esos beneficios si firman contratos a largo plazo garantizando un precio de la luz fijo y equivalente al que existía antes de la escalada de los últimos meses. Esta alternativa, concretó Ribera, se aplicaría a los contratos de suministro a las industrias, que consumen grandes cantidades de energía y que se han visto muy perjudicadas por el alza de los precios.
"Quiero dejar algo bien claro: [el mecanismo de recorte de los beneficios caídos del cielo] es una minoración aplicable a quienes hayan percibido esos beneficios extraordinarios, no a quienes no lo hayan hecho", y el Gobierno quiere "que tampoco lo sea para quienes garanticen precios estables que no internalicen la escalada de precios del gas", insistió Ribera. Y la vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo está "trabajando para garantizar su correcta aplicación y desarrollo" y que va a "velar por el interés del consumidor, ya sea doméstico o industrial".
Podemos y los socios del Gobierno exigen contundencia
Fuentes de Unidas Podemos celebraron, tras escuchar a Ribera, "el blindaje" del real decreto que se convalidó este jueves, que supone que "las medidas valientes se mantengan tal cual se acordaron en el Consejo de Ministros". No obstante, los morados se mantienen a la espera de conocer la letra pequeña del nuevo paquete de medidas para suavizar las aprobadas este jueves anunciado por Ribera y advierten de que no apoyarán ninguna rebaja del poder recaudatorio del mecanismo. Y su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, pidió este jueves a la vicepresidenta que "no ceda a las presiones del oligopolio, sean directas o por partido interpuesto".
"El actual diseño del mercado eléctrico" que permite que las empresas cobren toda la electricidad al precio de la más cara de producir "es bastante parecido a una estafa", y los beneficios caídos del cielo son "algo muy parecido a robar", sostuvo Echenique. Y, por ello, Unidas Podemos redobla la apuesta y su portavoz pidió que el mecanismo de reducción del "90%" de esos beneficios sea "permanente" y no "coyuntural". "Detrás del Gobierno de coalición hay casi diez millones de españoles, y a nosotros solamente nos da órdenes la gente mediante el voto" y no los presidentes de las eléctricas, afirmó Echenique.
En la misma línea se manifestaron ERC y EH Bildu. El diputado abertzale Oskar Matute fue muy contundente y lanzó un dardo al PNV asegurando que "lo que puede hacer caer al Gobierno es que se siga dejando a las eléctricas ganar todo el dinero que quieran a costa de las clases populares". Y aseguró que "el decreto para recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas es el suelo mínimo exigible" y "no puede ser rebajado más", un aviso a navegantes al Gobierno para que no suavice las medidas adoptadas en las próximas semanas.
El PP carga contra la medida
Por el contrario, el diputado del PP Guillermo Mariscal alertó de "los resultados que va a tener en la industria española" el decreto aprobado por el Gobierno, e hizo "corresponsables" de los mismos a los grupos que lo apoyaron. "Si usted reduce la oferta con una demanda rígida el precio sube, y usted ha reducido la oferta", denunció Mariscal, que aseguró que el Ejecutivo ha fiado "todo al gas" prescindiendo de otras fuentes de energía y, por ello, es culpable de que el incremento del precio de esta materia prima haya provocado el aumento del coste de la luz.
Por su parte, Vox culpó al Gobierno por "plegarse" a los "mandarines" de la UE que han "impuesto" el sistema de fijación de precios de la luz a España. "Quien más beneficios está sacando de este sistema, de toda esta ratonera, es el Gobierno", denunció el diputado José María Figaredo, que insistió en que el Ejecutivo rebaje más impuestos.
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