La relación del PSOE y de Unidas Podemos como socios del Gobierno de coalición ha tenido (y tiene) momentos de todo tipo, pero este jueves ambos partidos escenificarán un deshielo al firmar su pacto para los Presupuestos Generales del Estado que, entre otras cosas, incluye la Ley de Vivienda, que ha sido precisamente uno de los grandes quebraderos de cabeza para Pedro Sánchez y para Yolanda Díaz (y antes para Pablo Iglesias). Esa rúbrica en el seno del Ejecutivo, eso sí, es solo el primer paso, pues ahora empezarán las conversaciones con el resto de formaciones políticas que apoyaron la investidura.

El tira y afloja entre socialistas y morados en torno a la vivienda viene desde el principio de su relación gubernamental. Forma parte del acuerdo de coalición y ya en la negociación presupuestaria del año pasado llegaron a un pacto -desbloqueado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- para presentar esa Ley de Vivienda en un plazo de tres meses en el Consejo de Ministros y uno más en el Congreso. Bajo esos cálculos, estaba previsto que fuese a la Cámara a finales de 2020, un plazo que para nada se ha cumplido.

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En octubre de 2020 Unidas Podemos, ERC, Bildu, CUP, Más País, BNG y Compromís firmaron un comunicado impulsado por el sindicato de inquilinas instando al Gobierno a regular el precio del alquiler. Esta coalición de partidos favorable a la regulación urgente de los alquileres se sumó entonces al manifiesto impulsado más de 9.000 organizaciones, que representan a sectores muy diversos de la sociedad civil. Entre ellas figuran algunas como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, FACUA, la Confederación de asociaciones vecinales o el Consejo de Juventud de España. Fue otro de los pasos dados hasta llegar al punto actual, pero entre medias se dieron otros.

De hecho, en febrero de este años los morados firmó otro documento junto a ERC, EH Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias que recogía el compromiso de impulsar una ley que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada. En ese contexto, la tensión entre PSOE y Unidas Podemos respecto a la vivienda ha sido palpable en todo momento y la solución solo se encontró cuando entraron en escena directamente Sánchez y Yolanda Díaz.

Desbloquearon Sánchez y Díaz

Fueron ellos quienes terminaron de desbloquear el asunto, estrechando del todo los lazos entre ambos partidos para los Presupuestos y para esta Ley de Vivienda. El pacto se cerró poco antes de comenzar la habitual reunión del Consejo de Ministros de este martes. Los últimos flecos se cerraron en un café que compartieron Sánchez y Díaz junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y la responsable de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

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Entre las medidas figura una nueva ayuda para los jóvenes anunciada por el presidente -que sus socios de Unidas Podemos aseguraron que conocían por la prensa y que quieren "mirarla bien"-, se abre la puerta a congelar e incluso rebajar por ley los alquileres, se establecen medidas para que aumente el parque público de vivienda, se aprueban nuevos incentivos para la rehabilitación y se penaliza a los propietarios de pisos vacíos con un recargo en el IBI.

En 2020 también cerraron su acuerdo para los PGE por estas fechas, en concreto un 26 de octubre, pocas horas antes de la celebración del Consejo de Ministros. Entonces tuvieron que solventar las últimas diferencias relativas al ingreso mínimo vital y precisamente respecto a los alquileres, aunque luego hayan tardado casi un año en darse avances reales en este sentido.

Todavía faltan pasos... y difíciles

El camino, en todo caso, acaba de empezar. "Ahora toca negociar con los socios de investidura", avisó Díaz, dejando claro que queda una parte nada sencilla para el Gobierno. Es más, ERC ya ha anunciado que será "exigente", aunque dejará fuera de las conversaciones la 'mesa de diálogo' con la Generalitat. A diferencia de lo que sucedió el año pasado, cuando el PSOE dejó abierta la posibilidad de negociar las cuentas con Ciudadanos -aunque posteriormente quedo descartada-, esta vez no hay dudas de que los apoyos que buscará serán, sí o sí, los de los socios nacionalistas, independentistas y regionalistas.

Los Presupuestos de 2021 quedaron aprobados el 3 de diciembre del año pasado con los votos a favor de 11 partidos políticos distintos. Todas las secciones, pues no hay votación conjunta, obtuvieron mayoría absoluta, con hasta 188 votos favorables. Después recibieron la luz verde del Senado y regresaron a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Fueron las primeras cuentas de la coalición PSOE-Unidas Podemos. Ahora la maquinaria para las segundas ya está completamente en marcha.