Fumata blanca dentro del Gobierno para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. La Secretaría de Estado de Comunicación anunció este martes, al filo de las 11 de la mañana que PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para presentar las cuentas de 2022 al Congreso, un texto que ahora tendrá que negociarse con los socios parlamentarios para ser aprobado y del que se conocerán detalles a lo largo del día. Este pacto incluye el desbloqueo, un año después, de la ley de vivienda, que incluirá un mecanismo de reducción por ley de los precios del alquiler para los propietarios de más de 10 inmuebles y que también permitirá congelar los precios de los arrendamientos cuando el casero sea un pequeño tenedor.

El acuerdo llega después de semanas de una negociación que, por momentos, se ha visto estancada por las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en relación, precisamente, a la ley de vivienda y la regulación de los alquileres, aunque también a la posibilidad de establecer un 15% de tipo mínimo en el impuesto de sociedades, las dos grandes exigencias de los morados en las conversaciones. El plan inicial de Moncloa pasaba por presentar el proyecto la última semana de septiembre para que los Presupuestos estuvieran en el Congreso "en tiempo y forma", algo que finalmente no fue posible por unos días.

PSOE y UP avanzan para limitar alquileres de pequeños propietarios pero la ley sigue encallada con los grandes fondos

Este lunes, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, elevó el tono contra su socio de Gobierno y dijo que los morados estaban dispuestos a firmar el pacto de Presupuestos "en cuanto el PSOE quiera", aunque deslizó que para ello era necesario que hubiera "voluntad de negociar". Fueron declaraciones que sentaron mal entre los socialistas, cuya portavoz, Eva Granados, replicó que ambas formaciones están "en un Gobierno", y que "en un Gobierno se debate y se discute, pero no se hacen ultimátums ni se condiciona".

Este lunes, en todo caso, la negociación de la ley de vivienda había experimentado ciertos avances porque Unidas Podemos había admitido que los pequeños propietarios tuvieran restricciones de precios más laxas a la hora de establecer el precio del alquiler de sus viviendas que los grandes fondos y empresas propietarias de multitud de inmuebles. No obstante, las conversaciones se mantenían bloqueadas porque los morados seguían exigiendo un mecanismo de reducción de los precios por ley para esos grandes propietarios, algo a lo que el PSOE -al menos hasta este lunes- seguía negándose, según fuentes moradas. Fuentes del sector socialista del Gobierno, por su parte, insistieron en que el pacto se cerraría "en breve", como finalmente ha sucedido.

Finalmente, ese modelo diferenciado para grandes y pequeños tenedores será el que se ponga en marcha. La ley de vivienda facultará a las comunidades y ayuntamientos a acotar zonas de mercado tensionado cuando los precios del alquiler se hayan disparado en las mismas. Allí, en el caso de los propietarios de más de 10 pisos, la norma permitirá forzar una bajada por ley de las rentas y para "todos los contratos", y fijar un importe tope que dependerá de un índice de referencia. Si, por el contrario, el propietario tiene menos de 10 inmuebles, lo que permitirá la ley es que el ayuntamiento le obligue a no subir el precio durante un tiempo, una medida que irá acompañada de "incentivos fiscales" para que lo rebaje.

En relación al tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades, las negociaciones han sido incluso más confusas. La parte socialista del Gobierno abrió la puerta en público a aplicar esta medida, pero desde Unidas Podemos se aseguraba que el PSOE se negaba a discutirla en las conversaciones. Finalmente, tal y como confirmó Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes, esta medida estará incluida en los Presupuestos de 2022, aunque el grueso de la reforma fiscal tendrá que esperar. De hecho, este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insistió en que la gran renovación impositiva no se abordará hasta que el grupo de expertos activado por el Gobierno entregue sus conclusiones en febrero del año que viene.