El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable. El Pleno del Alto Tribunal ha respaldado la medida que aprobó el Gobierno del Partido Popular y ha tumbado los recursos que interpuso la entonces oposición (PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto). La tesis favorable a la medida, planteada por la magistrada Encarnación Roca, ha salido adelante por siete votos a favor y tres en contra.

"La modificación del Código Penal efectuada en 2015 que introdujo la prisión permanente revisable es conforme a la Constitución", ha señalado en un comunicado el Alto Tribunal. La prisión permanente fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de ese año como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana con el único apoyo del Partido Popular, que entonces contaba con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

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La pena acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de prisión, dependiendo del tipo del delito, y de si es uno o varios, a partir de lo cual se revisará la condena. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso continúa en la cárcel. La medida supuso un incremento del tiempo de privación de libertad de un condenado en España, dado que hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas, aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de éstas en caso de acumulación. 

En este sentido, el Constitucional sí ha planteado dos objeciones. Esto no quiere decir que declaren su inconstitucionalidad, sino que el articulado se ha de interpretar conforme a lo marcado por el Alto Tribunal, que hará pública la sentencia en los próximos días. Así, el TC expone que la revocación de la libertad condicional solo está justificada en los casos en los que el "libertado" cometa un nuevo delito o infrinja las prohibiciones y reglas de conducta que le sean expresamente marcadas en el auto de libertad. Además, también fija que la revocación de la libertad condicional no se ha de interpretar como un impedimento para que el condenado obtenga, en un futuro, una nueva revisión de la pena.

El líder del PP, Pablo Casado, ha celebrado que el Constitucional avale la medida que aprobó Rajoy. "Merecido tributo a las víctimas y castigo a los delincuentes", ha señalado en su cuenta de Twitter. Además, ha aprovechado para comunicar que, en caso de gobernar, propondrá la ampliación de la prisión permanente a "maltratadores que acaban asesinando, asesinos que oculten el cadáver y violadores reincidentes". En la actualidad, la figura sólo es aplicable a los delitos más graves como los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey y sus herederos, genocidio, crímenes de lesa humanidad con homicidio y asesinatos agravados cuando la víctima es menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable.

Casado también ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió derogar la medida, aunque el jefe del Ejecutivo decidió, meses después de llegar a La Moncloa, esperar a esta sentencia del Constitucional, y no incluyó la derogación de la prisión permanente revisable en el programa electoral con el que concurrió a las generales de 2019. Sí la incluyeron, en cambio, en anteriores programas, y también en el infructuoso acuerdo de Gobierno que firmó Sánchez con Albert Rivera, entonces líder de Ciudadanos, en 2016. En el vigente pacto de coalición entre PSOE y UP, no figura la derogación.

"Es una victoria para la sociedad"

Hasta la fecha, los tribunales han dictado 30 condenas de prisión permanente revisable, dos de las cuales fueron revocadas y otra suspendida y finalmente aprobada. La primera condena de este estilo llegó el 6 de julio de 2017. Uno de los condenados a prisión permanente revisable fue José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, culpable de la muerte de Diana Quer. El padre de la joven, asesinada en 2016, ha sido uno de los grandes defensores de la medida y, por ello, lo ha celebrado. "Es una victoria para la sociedad", ha referido. Además, ha hecho un llamamiento al PSOE y a Unidas Podemos, los partidos que conforman el Gobierno de coalición, para que "escuchen" a la ciudadanía y no deroguen la prisión permanente revisable porque "los ciudadanos españoles no quieren".