El Gobierno avanza en las negociaciones de los proyectos educativos que tiene en marcha. Las reformas impulsadas tanto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional como por el de Universidades han derivado en las últimas fechas en jornadas de conversaciones con los distintos actores implicados para intentar llegar al mayor consenso posible.

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Fue en septiembre, con el arranque del curso político y escolar, cuando se empezaron a dar a conocer los cambios que pretenden aplicarse en las próximas etapas educativas. Hay asuntos que generaron polémica entre las comunidades autónomas o en colectivos concretos que se mantienen reticentes a las modificaciones que plantea el Gobierno.

Algunas reformas se encuentran ya en las fases finales previas a la aprobación definitiva, mientras a otras todavía les queda un plazo de reuniones hasta que empiecen a consolidarse los primeros detalles. El Ejecutivo, por su parte, trata de mantener una postura de diálogo con la intención de elaborar, y finalmente aprobar, un texto que cuente con aprobación mayoritaria. Estas son algunas claves:

El currículo de Educación Infantil

El Ministerio de Educación llevó este miércoles la propuesta definitiva del real decreto de Infantil a la Comisión General de Educación. Se trata del borrador definitivo elaborado por el departamento de Pilar Alegría, que regula por primera vez el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), con el fin de dar mayor "coherencia y continuidad" entre ciclos y asegurar "una misma conformación en todo el territorio".

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De este modo, se establece un currículo a seguir en esta etapa educativa, es decir, un conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación comunes a todos los centros públicos. El Ministerio ya remitió en julio un primer borrador a las comunidades autónomas, para que estas aportaran sus valoraciones sobre el documento.

Según informan fuentes del Ministerio, no ha habido cambios sustanciales tras la reunión de este miércoles, sino más bien modificaciones de redacción. "El debate ha sido puramente ideológico", explican las fuentes, concretando que los términos más polémicos fueron los relativos a temas de educación sexual y de género. Con todo, indican que "se ha suavizado mucho respecto al borrador de julio", precisamente a petición de algunas comunidades autónomas para no dar lugar a interpretaciones erróneas.

En el borrador antiguo se decía lo siguiente: "Para el logro de una imagen ajustada y positiva de uno mismo, es importante reconocerse como persona diferenciada de las demás. En esta etapa, se inicia la construcción sexual y de género, pero sin distinguirse entre ambas. La intervención educativa debe favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de género a través de valores de igualdad y modelos no estereotipados".

Así, con las nuevas modificaciones, la última versión del documento queda de la siguiente manera: "El desarrollo de la personalidad en esta etapa se corresponde con la construcción de la propia identidad, diferenciada de las demás. La intervención educativa debe guiar y potenciar el logro de una autoimagen ajustada y positiva en todos los aspectos".

Ahora, el texto tendrá que volver al Consejo Escolar de Estado, con la idea de que sea aprobado antes de Navidad y pueda entrar en vigor, según recoge la LOMLOE -comúnmente conocida como Ley Celaá-, en el curso 2022-2023.

Eliminación de las recuperaciones en Secundaria

Aunque este es un asunto que ya se ha dado por cerrado, todavía hay voces que expresan su disconformidad. El borrador del real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y Titulación en la Educación Primaria, Segundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) no prevé realizar los exámenes de recuperación en la ESO, aunque sí en bachillerato. Concretamente, el texto establece que la evolución será continua y que "las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar".

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La previsión era empezar a aplicar esta norma en este mismo curso escolar 2021-22, pero Alegría, decidió ofrecer una moratoria de un año a las comunidades autónomas. Según fuentes ministeriales, se desarrollará una disposición transitoria a petición de las comunidades que consideran que, "como el curso ya está empezado, les dificulta la organización". Eso sí, a partir de 2022-23 desaparecerán definitivamente.

Ley de Universidades

El Ministerio de Universidades trabaja ahora en el proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Uno de los puntos más polémicos y precisamente el que se estuvo debatiendo esta semana con la comunidad universitaria es el modelo de elección de rectores.

Es un asunto que, según avanzó el ministro Manuel Castells en el diario 'Público' está "entre paréntesis" hasta que logren "darle una vuelta al anteproyecto" para lograr un consenso "más amplio". Tras reunirse el martes con los representantes de los estudiantes, de las comunidades autónomas, los Consejos Sociales, los sindicatos y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con el objetivo de "aproximar posiciones", el ministro anunció que iba a enviar un "nuevo borrador”.

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El anteproyecto establece que los rectores pueden ser elegidos por el sistema actual de sufragio universitario o por un órgano específico; lo que no ha gustado a la comunidad estudiantil, que protagonizó protestas por entender que el documento "suspende en democracia interna".

Por su parte, la CRUE criticó la norma este viernes, pues considera que no responde a las necesidades de la Universidad y censura, en concreto, aspectos ligados al profesorado, la falta de financiación y la obligación de garantizar la paridad en los cargos.

EVAU, prácticas y nuevos profesores: tres asuntos en fases iniciales

También hay encima de la mesa otros tres asuntos, que, según avanzan fuentes del Ministerio de Educación a 20minutos, son los "principales ahora", aunque estén todavía en las fases iniciales.

Uno de ellos es el modelo de corrección de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU), previsto que entre en vigor en el año 2024.  Ambos ministerios mantuvieron conversaciones previas, en las que se planteó la posibilidad de establecer "una parte del examen común o similar", para lo que, indican fuentes de Educación, "se tendrían que poner de acuerdo los coordinadores de las pruebas de acceso". Ahora, lo único igual entre comunidades es la parte del currículo, que fija Educación en el 60% para las autonomías no bilingües y el 50% para las que sí lo son.

Otro asunto que se plantean es fijar criterios uniformes en la calificación de estas pruebas de acceso, algo que también está todavía en "fase incipiente".

Asimismo, se están barajando modificaciones en las directrices de la formación de los estudiantes en las Facultades de Educación. El fin es que los alumnos de magisterio tengan acceso a un mayor número de prácticas, para lo que se están manteniendo conversaciones con los decanos y entre ministerios. Y, por otro lado, se está negociando con la CRUE para que, una vez aprobada la oposición, los nuevos profesores se incorporen a las aulas "habiendo tenido un mínimo de experiencia previa", como podrían ser tutorías o seminarios.