El Congreso de los Diputados debatirá este jueves la la posibilidad de reformar el artículo 49 de la Constitución para, entre otras cosas, eliminar la expresión de "disminuidos", una modificación que llevan reivindicando las asociaciones de personas con discapacidad y que empezó a impulsarse con la aprobación del anteproyecto en 2018.

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En concreto, la Cámara votará las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, uno de los primeros pasos de la tramitación parlamentaria. Si se aprobaran, la reforma promovida por el Gobierno decaería, pero previsiblemente esta seguirá adelante, porque estos dos grupos están en minoría. 

En su enmienda a la totalidad, el PP expuso la "inoportunidad" del momento actual para cambiar un solo término de la Constitución Española por la "inestabilidad" de un Ejecutivo sometido a "permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder". A su juicio, esto abona la posibilidad de que "si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura" de la Carta Magna, ya que consideran que hay partidos políticos en el Gobierno que "cuestionan abiertamente" la Constitución.

Vox, por su parte, achaca su rechazo a la falta de consenso para pactar la reforma y a que no se dio a conocer el dictamen emitido por el Consejo de Estado en febrero de 2019 en relación con el anteproyecto. Consideran, además, que habría que "plantearse" la relevancia de este cambio, puesto que, aunque califican de "desfasado" el término actual, no creen que haya supuesto un perjuicio para los intereses de las personas con discapacidad. "Para este viaje no hacen falta tantas alforjas", concluyen citando el refrán.

En definitiva, y según han declarado posteriormente ambos partidos, están de acuerdo en los puntos del texto, pero lo tumban por sentirse apartados en su formulación y por no creer que sea el momento de tramitarlo. Para la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, su partido no se opone a esa modificación en concreto, sino que más bien cuestiona la oportunidad política actual para abrir una reforma constitucional sin "consensos previos" y con la "dependencia parlamentaria de los partidos independentistas".

Según el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el texto "es magnífico", pero el Ejecutivo no ha hecho "acercamiento alguno" para conocer la posición de otros grupos.

Aunque la negativa de PP y Vox no evitará en el Pleno de esta semana que la reforma pueda seguir su tramitación, si puede impedir que se apruebe en el futuro. El motivo es que este jueves el Gobierno sólo necesita la mayoría simple de los votos –más síes que noes– para que la iniciativa siga adelante, mientras que para su aprobación definitiva necesitaría el concurso de tres quintos de la Cámara (210 diputados), porque se trata de una reforma constitucional. PP y Vox tienen 140 diputados, por lo que si no cambian de opinión en la fase de enmiendas y antes de que el texto vuelva al Pleno, darán al traste con los planes del Ejecutivo.

Las asociaciones piden retirar las enmiendas

La reforma constitucional, promovida por la anterior vicepresidenta, Carmen Calvo, y que este jueves defenderá el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, establece cuatro puntos principales desde los que cambiar tanto el lenguaje como la estructura y el contenido de la Carta Magna. Todos ellos se consensuaron en la Cámara baja en 2018, pero no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes con la convocatoria de elecciones en 2019.

Así, el texto pretende modificar por un lado el término "disminuidos" por el de "colectivo de las personas con discapacidad"; y, por otro, reestructurar la distribución del artículo 49 poniendo el énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad, el 10% de la población española, "como ciudadanos libres e iguales".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado este miércoles a PP y Vox a reconsiderar sus negativas y retirar las propuestas. "Es una mejora del país, no va contra nadie y no se comprendería que se rechazase por cuestiones ajenas a lo que se está debatiendo, que es la reforma del artículo 49", han subrayado a EFE fuentes del Comité.

Así, CERMI ha asegurado que, de salir adelante la tramitación del texto, se comprometen a trabajar con los partidos políticos reticentes a la reforma para convencerlos y llevarlos a lo que considera "un logro de país y de sociedad".