Los precios sin precedentes del la luz en el mercado mayorista ya se notan en los bolsillos de hogares y comercios españoles, que el agosto pasado pagaron de media una factura un 34,9% más cara que el mismo mes de 2020. Pero, para muchos españoles, el desembolso extra que supone el alza de los precios eléctricos no se queda solo en la factura.

Los elevados precios de los productos energéticos y más concretamente el de la electricidad son los grandes responsables de que se haya disparado la inflación en España y también en buena parte del continente europeo. Los precios de consumo general fueron en agosto un 3,3% más elevados que el año anterior, un incremento del que el 38% es atribuible exclusivamente a la subida de la electricidad. Según estima el INE, los hogares españoles destinan en torno al 3,6% de su presupuesto a pagar la luz, por lo que si se pondera con ese multiplicador el dato de inflación eléctrica de agosto (34,9%) se puede saber cuánto ha contribuido la electricidad a elevar la inflación general

Esta cuestión no es baladí, pues todavía hay algunos gastos frecuentes para ciudadanos, empresas y Estado que se revisan con el IPC. Entre ellos destacan muchos de los alquileres que se pagan en España, las pensiones, algunos salarios, los peajes en las carreteras y otras tarifas municipales como el precio de los párkings públicos de la ciudad de Madrid. 

Cómo el precio de la luz te puede acabar subiendo el alquiler

Una de las consecuencias indirectas más inmediatas y quizá menos evidentes a simple vista de las subidas de la luz la sufren los alquileres. En España, una buena parte de los contratos de arrendamiento se revisan al alza cada año en función de lo que marque el IPC del último mes anterior al momento de la firma, de tal forma que si se firmó el contrato en septiembre del año pasado y toca revisarlo en septiembre de 2021 la referencia sería la subida del IPC entre agosto de esos dos años. Para ilustrarlo mejor, ahí va un ejemplo:

Según datos recopilados por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el alquiler promedio que pagaba un hogar madrileño en 2018 -último dato disponible- ascendía a 848 euros mensuales. Si ese alquilado hipotético hubiera firmado su contrato en septiembre del año pasado y le tocara actualizar su renta este mes tendría que pagar 876 euros, es decir 28 euros más al mes, de los que 10,6 serían atribuibles exclusivamente al efecto que ha tenido la subida de la luz sobre los precios del consumo. Transcurrido un año, el efecto de la subida de la luz le habrá costado 127 euros más de gasto en alquiler.

Si se aplica este mismo razonamiento al hogar barcelonés promedio -que se deja 803 euros al mes en pagar su arrendamiento-, la subida le supondrá 10,7 euros más al mes, que en doce meses suman 128,4 euros. En Valencia (con una renta media mensual de 500 euros) , el incremento mensual atribuible a la luz sería de 6,27 euros, 75 en un año. En Sevilla -alquiler promedio de 600 euros mensuales- la electricidad eleva el precio indirectamente 7,5 euros, 90 en un año.

Estos cálculos se pueden replicar y adaptar a cada contrato de arrendamiento particular gracias a una herramienta de actualización de rentas que el INE pone a disposición de los ciudadanos en su página web. Además, otra de las rentas que también se actualizan en función al IPC son las pensiones de alimentos: aquellas que los progenitores divorciados que no tienen la custodia de sus hijos deben abonar a su expareja para colaborar en la crianza. Si el pago mensual fuera, por ejemplo, de 200 euros, al cabo del año se habría incrementado en unos 30 euros al año.

Pensiones: un sablazo de entre 2.205 y 2.470 millones solo por la luz

La subida de la factura eléctrica puede tener también un efecto considerable sobre el ya de por sí castigado sistema de pensiones. Cada año, las pensiones contributivas se revalorizan en función del valor medio de los incrementos del IPC registrados durante ese ejercicio. 

Según estiman las últimas previsiones de Funcas, un laboratorio de ideas participado por las principales cajas de ahorros del país, la inflación media podría alcanzar el 2,7% a final de año. En el hipotético caso en el que la inflación eléctrica siguiera representando a final de 2021 el 40% de esa media anual -como ocurrió en agosto-, el gasto en pensiones se dispararía entre 1.350 y 1.512 millones de euros solo por las subidas de la luz. En total, el Estado tendría que gastar entre 3.780 y 3.375 millones de euros en pagar las revalorizaciones causadas por el IPC

Con esos mismos criterios, pero desde la perspectiva del jubilado promedio -que en agosto cobraba una prestación de 1.192 euros mensuales- la prestación por jubilación se incrementaría en 32,2 euros mensuales y de ellos 13 serían debidos al impacto de la inflación eléctrica.

Pero ahí no termina todo. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen que se debe compensar a los pensionistas si la subida media del IPC en un año es mayor a la prevista el anterior, un pago extra conocido popularmente como 'la paguilla'. Para este año los PGE proyectaron que la inflación media sería del 0,9%, un pronóstico que todo apunta que será imposible que se cumpla. En cambio si el augurio de Funca (2,7%) resulta cierto el Estado tendría que compensar a los pensionistas con una subida adicional del 1,8% en 2022. 

Si se aplican los mismos criterios mencionados antes, la compensación adicional le costaría a las arcas públicas entre 2.520 y 2.250 millones de euros. De ellos, entre 855 y 957,6 millones serían responsabilidad de la inflación eléctrica.

En resumidas cuentas, si 2021 concluyera con una subida del IPC promedio del 2,7%, el gasto en pensiones podría incrementarse en una horquilla entre los 5.625 y los 6.300 millones de euros, de los cuales, entre 2.205 y 2.470 millones, serían atribuibles a la subida en la factura de la luz.

Escaso impacto en los salarios

La elevada inflación puede afectar también a los costes laborales de las empresas que tienen convenios laborales que incluyen subidas de sueldo vinculadas al IPC y, por tanto, beneficiar a sus trabajadores. Sin embargo, resulta más difícil trazar un panorama general porque solo el 15% de los convenios vincula las subidas de sueldo al IPC.

Peajes y párkings

Anteriormente, muchas tarifas y servicios públicos -como por ejemplo el abono transporte- estaban indexadas al IPC y se actualizaban cada año en función de sus vaivenes. Sin embargo, una ley promulgada en 2015 acabó con la gran mayoría de estas vinculaciones, aunque aún quedan algunas excepciones.

Una de las más notorias son las autopistas de peaje. Las tarifas de estas vías se actualizan cada año en función del incremento del medio del IPC, al igual que ocurre con las pensiones contributivas. Si se aplica un razonamiento similar al empleado para las pensiones, una subida del 2,7% anual implicaría que un conductor de un coche que realiza el trayecto Villalba (Madrid)-Villacastín (Segovia) a través del túnel de la AP-6 acabe pagando 22 céntimos más por cada viaje, ocho de ellos atribuibles a la inflación eléctrica. En el caso de un vehículo pesado, la cuantía ascendería a 57 céntimos, 22 de ellos por la luz. En otra de las autopistas de pago más transitadas de España, la que une Málaga y Estepona, los incrementos serían de 21 céntimos para un vehículo ligero (ocho atribuibles a la luz) y hasta 43 (16,3) para uno pesado.

Otro de los inesperados afectados por la subida de la luz son, por ejemplo, los aparcamientos públicos municipales de la ciudad de Madrid, que revisan sus tarifas al alza anualmente con el IPC de septiembre del año anterior. Suponiendo que la inflación se mantuviera en el 3,3% en septiembre, aparcar en la zona de bajas emisiones del Distrito Centro durante un periodo de cinco horas sería en 2022 cincuenta céntimos más caro, de los cuales 19 serían culpa de la luz.