El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona catastrófica –zona afectada por emergencia de protección civil, en la terminología actualmente vigente– para trece comunidades autónomas que han sufrido graves incendios forestales a lo largo del verano. Se trata, en concreto, de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias.

El Consejo de Ministros estudia ayudas para las zonas afectadas por incendios y aprueba la reforma de las pensiones

En palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, esta declaración permitirá a las zonas afectadas acceder a ayudas para hacer frente a "situaciones dramáticas" a las que, a su juicio, se ha actuado "con una diligencia que hay que poner en valor". Esas ayudas podrán ser tanto pagos directos a particulares, empresas y administraciones como bonificaciones fiscales en el IBI, el IVA, el IRPF y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Rodríguez también recordó que el presidente Sánchez visitó el pasado domingo una de estas zonas afectadas, en la provincia de Ávila, a la que este martes se desplazó el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), quien celebró la decisión del Ejecutivo de aprobar la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por los fuegos en las últimas semanas: "Es un acierto", dijo.

Casado pide modificar la Ley de Montes para que zonas afectadas puedan recibir ayudas de la PAC

Casado pidió que las ayudas lleguen "pronto", dijo que "contra el fuego estamos todos unidos" y planteó modificar la Ley de Montes para que las zonas afectadas puedan acceder a subvenciones de la Política Agraria Común de la UE. Asimismo, reclamó al Gobierno que analice si pueden destinarse fondos europeos a reparar los daños provocados por las llamas.

La portavoz del Gobierno elogió estas palabras del líder de la oposición y celebró que "haya recuperado el sentido de Estado", momento que aprovechó para pedirle que "siga en esta senda" y se avenga a renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, cuya composición lleva caducada más de dos años y cuya renovación –para la que es necesario el concurso del PP– está atascada.