"Es la primera ley en la que se condena el golpe de estado de 1936 y la dictadura, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea". Con estas palabras ha anunciado el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la aprobación, este martes por parte del Consejo de Ministros, de la Ley de Memoria Democrática, que amplía el texto aprobado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Con este articulado se reconocerá a "todas las víctimas" -aunque no se otorgarán nuevas ayudas económicas-, se procederá a la extinción de las fundaciones que exalten la dictadura y se resignificará el Valle de los Caídos, que dejará de tener a José Antonio Primo de Rivera en un lugar destacado. De momento, es una incógnita el futuro de la imperiosa cruz, que se decidirá en unos meses. También se declararán el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio.

Tras su aprobación, el texto se remitirá ahora al Congreso de los Diputados, donde deberá cosechar una mayoría de votos favorable que aún no tiene asegurada, pues el socio de coalición del PSOE, Unidas Podemos, y otro de sus apoyos parlamentarios, Esquerra Republicana de Cataluña, quieren ir más allá. Una de las exigencias de los 'morados' será la dotación económica para víctimas del franquismo, un extremo que ahora no está contemplado en la ley, pese a que el reconocimiento de las mismas se amplía. "Es una reparación moral e histórica, pero no económica", ha admitido Bolaños, que ha destacado que desde que se aprobase la Constitución Española en 1978 se han dado 21 millones de euros a 600.000 afectados por el franquismo. "La parte económica está cubierta, ahora damos paso a la dignidad", ha continuado.

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La ley también contempla la creación de una fiscalía de sala para investigar hechos que constituyesen violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y buscar nuevas víctimas a las que reparar. También se creará un banco de ADN que ayudará en esta tarea. Dicha fiscalía también investigará "todas las violaciones de derechos humanos" que se cometieron, aunque, según ha recordado Bolaños, es probable que todos los que los llevaron a cabo estén fallecidos, un extremo que supone el fin del proceso penal.

Otra de las medidas que lleva aparejada la ley es que a partir de ahora será el Estado el encargado de buscar cadáveres en fosas comunes, para que los familiares, que llevan años solicitándolo, puedan darles sepultura como ellos deseen. "Que al menos conozcan su historia", ha explicado el ministro, que ha anunciado también que se realizará un registro de los bienes sustraídos por el régimen franquista, se "facilitará" el derecho de acceso a los archivos históricos y se impartirá "la memoria democrática" en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en Bachillerato y en Formación Profesional (FP).

Resignificación del Valle

El articulado aprobado este martes también supondrá continuar con el proceso de resignificación del Valle de los Caídos que comenzó el Gobierno, cuando el PSOE gobernaba en solitario, con la exhumación de Francisco Franco. A ese paso le precederá ahora la exhumación del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. 

El Gobierno declarará el 31 de octubre día de recuerdo de las víctimas del franquismo y el 8 de mayo será el del reconocimiento de los exiliados

El motivo es que está enterrado en un lugar privilegiado del Valle, que no contará con ningún resto en lugares preponderantes. Cuestionado sobre qué pasará con la gran cruz, el ministro no ha querido avanzar su futuro, pues ha dicho que presentarán en el futuro "un proyecto concreto" en el que estará incluida esa cuestión. La gestión del espacio será de Patrimonio Nacional y se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Un final similar es el que podría tener la Fundación Francisco Franco, a la que el texto prevé finiquitar. Para ello, se modificará la ley de asociaciones, que dará paso a un expediente. No será, pues, un fin "inmediato", ya que deberá decidirlo un juez, pero sí ocurrirá, teniendo en cuenta que el articulado tipifica como delito penal de la exaltación del franquismo, con multas de hasta 150.000 euros.