El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la Ley de Memoria Democrática. El articulado se remitirá al Congreso de los Diputados casi un año después de que el anteproyecto recibiera el visto bueno inicial, que ha tenido que ser modificado ante las dudas jurídicas que expresó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También las asociaciones de memoria histórica se mostraron reticentes -el texto recibió más de mil alegaciones-, al igual que Unidas Podemos, socio de los socialistas, que espera modificarla en el trámite parlamentario, pues la considera "insuficiente". La oposición, por su parte, la rechaza frontalmente: el PP ha anunciado que la sustituirá por otra si gobierna y Vox promete que la recurrirá incluso "sin verla".
El proyecto estrella de la socialista Carmen Calvo ha cosechado así el 'ok' final del Gobierno una vez la ex vicepresidenta primera está fuera del Ejecutivo, pues fue sustituida por Félix Bolaños el pasado 10 de julio. Una vez nombrado, el nuevo titular de Presidencia decidió retrasar la norma una semana, hasta este martes, cuando se aprobará un texto que genera rechazo tanto entre los aliados de los socialistas como entre la oposición.
Unidas Podemos, su socio de coalición, celebran la aprobación del texto, pero lo tildan de "insuficiente". En una rueda de prensa, la portavoz 'morada', Isa Serra, ha explicado que aún faltan "muchas cosas" para cumplir con los derechos humanos, por lo que abren la posibilidad de enmendarla en el trámite parlamentario. Coincidiendo con los colectivos de memoria histórica, UP pretende conseguir "algunos avances" que no están en la ley, como la ampliación del período de la normativa para que "las vulneraciones de derecho durante la transición" sean consideradas "crímenes de la dictadura" y la dotación económica para las familias víctimas del franquismo.
Por su parte, la oposición la rechaza. El PP ha avanzado ya que tiene redactada la ley de Concordia que sustituirá a la que se aprobará hoy. Así lo aseguró el lunes el líder de los populares, Pablo Casado, que la catalogó de "innecesaria". Según él, la ley popular de Concordia es "muy completa" y aborda la convivencia en "positivo". El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado en cambio que su formación la recurrirá "sin verla" ante el Tribunal Constitucional, como ha hecho con otra decena de materias. Tal y como opinó el de Vox, "ningún Parlamento y ningún Gobierno" tienen derecho a "decir de forma coactiva y totalitaria lo que es verdad y lo que es mentira", que es lo que a su entender hace esta norma respecto al período que comprende la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Entre los puntos a destacar del articulado, que sustituirá a la Ley de Memoria aprobada en 2007 por el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cabe señalar la tipificación como delito penal de la exaltación del franquismo, la imposición de multas a las administraciones públicas que no prohíban actos públicos que exalten la dictadura de Francisco Franco y el cierre de la Fundación que lleva el nombre del dictador.
Dudas jurídicas
Estas cuestiones fueron las que más dudas suscitaron en el CGPJ, que aprobó un informe que, pese a no ser vinculante, sí enmendó las grandes líneas del texto de Calvo. Firmado por los magistrados Roser Bach y Wenceslao Olea, el escrito cuestionaba, por ejemplo, la tipificación de la apología del franquismo. Decían que, si no lleva aparejado el menosprecio o la humillación de sus víctimas, ese hecho está amparado por la libertad de expresión, "pese a que sean ideas contrarias a los valores" constitucionales.
También pidieron los jueces que el texto no solo definiese como "contrarias a la memoria democrática" las manifestaciones que exaltasen la dictadura franquista, sino que ampliase ese campo también a los regímenes "estalinistas", basándose en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2019. El motivo, en su opinión, era no generar una "tutela asimétrica" de la dignidad de según qué víctimas.
Bajo ese pretexto, el CGPJ también cuestionó la posibilidad jurídica de tipificar como infracción muy grave y penar con multas de hasta 150.000 euros a las diferentes administraciones públicas que no adoptasen las "medidas necesarias" para impedir las manifestaciones que exalten la dictadura. El argumento jurídico fue que la propia Carta Magna avalaría manifestaciones del estilo pese a que las mismas persigan objetivos "que puedan ofender a otros colectivos", un extremo que también dificultaría, según se expuso en el informe, la intención del Ejecutivo de extinguir la Fundación Francisco Franco.
Por su parte, el Consejo Fiscal dio el visto bueno al anteproyecto aunque de manera ajustada, ya que fue decisivo el voto favorable de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para decantar la balanza. El debate de fondo fue la necesidad de que se cree la figura de un Fiscal de Sala para investigar hechos que constituyesen violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Los vocales discrepantes, que perdieron la votación, expusieron que las víctimas "tienen derecho a buscar la verdad", pero no que eso se debiera encuadrar en una investigación penal.
"Lo hacemos por otra vía, y ya está"
No obstante, las dudas legales no han provocado que el Gobierno no vaya a aprobar un contenido que persiga los mismos objetivos, aunque sí lo va a hacer con una vía "distinta" de la inicialmente prevista. Así lo confirmó la propia Calvo dos días antes de ser cesada.
"Lo que dice el informe es que hay que hacerlo por otra vía, pues lo hacemos por otra vía y ya está", dijo la ex vicepresidenta primera en un desayuno informativo en el que también insistió en su intención de extinguir la Fundación Franco por "no poder mantener ninguna estructura que enaltezca al dictador". Sobre la necesidad de enaltecer "cualquier totalitarismo", Calvo señaló que "el primer zarpazo del fascismo en Europa se ensayó en España".
Convertir el Valle de los Caídos
Asimismo, el proyecto de ley condena el golpe de estado del 15 de julio de 1936 y declara nulos los juicios represivos del franquismo. Además, establece el marco legal para convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rendirá homenaje a las 30.000 víctimas de los dos bandos, sin que ninguno de los enterrados ocupe un lugar "preeminente", como ocurre en la actualidad con otro dictador, José Antonio Primo de Rivera. Además, se extinguirá también la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la gestión del espacio será de Patrimonio Nacional.
Este paso llegará un año y medio después de que el anterior Gobierno de Sánchez, que entonces era monocolor y que emanó de la moción de censura contra Mariano Rajoy, exhumase los restos del dictador del Valle 44 años después de su muerte y los depositase en Mingorrubio. Otras de las medidas incluidas en la ley serán la creación de un banco de ADN para el reconocimiento de las víctimas y la impartición en Bachiller y Secundaria de materias para que los alumnos estudien el "pasado democrático".
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