Ello, después de que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo haya decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declarase contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado.

A falta de una previsión normativa, el Supremo determina que, con carácter general, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse "injustificadamente larga", lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

Asimismo, establece que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias que paralicen ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica un incremento presupuestario.

NUEVO DECRETO LEY

Dado el caso, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, está trabajando con los agentes sociales para abordar un proceso de estabilización del empleo en el sector público a través de un decreto ley que se aprobará en breve plazo, según sus previsiones.

Con este decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad en las administraciones públicas, de forma que a partir de su puesta en marcha será imposible" que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de tres años.

El proceso de estabilización que persigue el Gobierno se hará a través de concursos-oposición especiales en los que se tendrá en cuenta la experiencia, dando margen a las comunidades autónomas y entidades locales para que en vez de concursos-oposición, lancen sólo concursos.

También se está trabajando y recogiendo aportaciones sobre mecanismos para compensar a las personas afectadas por fraude de ley, aunque no con carácter retroactivo, y castigar a las administraciones que muestren "desidia, desinterés o culpa" en la comisión de ese fraude e "injusticia" hacia esas personas.

LA MODALIDAD DE CONTRATO

Empero, el contrato de indefinido no fijo sólo otorgaría al trabajador la fijeza en la plaza hasta que se convoque una oposición o concurso para ocuparla, a la que podrá concurrir la persona en cuestión junto a otros aspirantes, si bien sí impide que el puesto sea cubierto por otro empleado público mediante una promoción interna o un concurso de traslados.

En ese sentido, los colectivos de interinos han señalado que el Tribunal Europeo de Justicia "ha evidenciado que nuestro Tribunal Supremo incumple abiertamente el Derecho de la Unión, lo que conlleva que sus reiteradas sentencias contra las legítimas pretensiones del personal público temporal en situación de abuso son contrarias al Derecho de la Unión".

Frente a las pretensiones del ministerio de Miquel Iceta, consideran que "con la doctrina reiterada manifestada desde lasinstituciones europeas, la sanción que mejor protege al personal en abuso de temporalidad es la estabilidad en el empleo, en igualdad de derechos y condiciones, por eso se establece así para el sector privado y por eso el TJUE destierra la figura del indefinido no fijo entendida en el sentido que permite la amortización de la plaza o el cese del personal abusado, por lo que la figura de indefinido no fijo, para el TJUE, debe ser equivalente a la estabilidad en el empleo en igualdad de derechos y condiciones que los trabajadores comparables".

La fijeza plena del personal afectado por estas situaciones, según opinan, "es la única propuesta acorde al Derecho de la Unión", razonando además que "no se justifica trasladar la sanción a la víctima de abuso mediante unos procesos selectivos, que no tienen efectos disuasorios ni de sanción sobre la administración que abusa y, en cambio, sancionan a la víctima de abuso".

Por eso, los colectivos de interinos rechazan el proyecto de nuevo decreto Ley planeado por el Ministerio de Iceta, reclamando la "fijeza" plena del personal público afectado por el abuso en la temporalidad en sus contrataciones.