La 'agenda del reencuentro' entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña ha encontrado un nuevo obstáculo en el camino: el Tribunal de Cuentas. Una semana después de que el Ejecutivo aprobase los indultos a los nueve condenados por el 'procés', líderes independentistas y ex altos cargos del Govern se enfrentan ahora a la imposición de una multa de 5,4 millones de euros por gastos sin justificar -en ocasiones troceando contratos para eludir el control público- que llevó a cabo la Generalitat entre 2011 y 2017 para promocionarse en el exterior, lo que según ERC y Junts dificultará el diálogo. 

Más de 5 millones de euros, la deuda del 'procés' que prevé imponer el Tribunal de Cuentas a Mas, Puigdemont y Junqueras

Las formaciones independentistas han pedido que se condone la deuda, un extremo que parece improbable en la actualidad porque para ello primero se debería renovar el órgano (su mandato caduca en julio), para lo que el Gobierno necesita el PP.

A diferencia de la aplicación de la medida de gracia para el exvicepresidente Oriol Junqueras, que también está citado ante el órgano fiscalizador junto con los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y demás condenados, en este caso no solo depende del Ejecutivo central hacer que los implicados no paguen por el desvío de dinero público que utilizaron para conseguir la independencia, sino que también requeriría del improbable respaldo del principal partido de la oposición. 

Por ello, la renovación del órgano, vía que podría utilizarse para que se perdonasen las deudas, es casi imposible. Como en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo, dos de las instituciones constitucionales cuyo mandato está caducado, el Ejecutivo necesitaría los votos de los populares para acometer dicha renovación, que debería aprobarse con el apoyo de 3/5 del Congreso de los Diputados y el Senado.

OPINIÓN | Las cuentas del 'procés'

 "¿Además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad tenemos que pagar su malversación y su corrupción? ¿Esto qué es: Venezuela, Cuba, Nicaragua?", ha preguntado Pablo Casado, presidente de la formación, rechazando que vayan a facilitar la renovación si esa es la condición. "Renovamos mañana mismo si quieren reforzar la independencia de estos órganos", ha declarado.

Y es que, si bien el presidente Pedro Sánchez ha pedido "respeto" para el trabajo del Tribunal de Cuentas, varios de sus ministros han recogido el guante de ERC y Junts. En una entrevista concedida este lunes a la Cadena Ser, el líder del Ejecutivo ha recordado el que tribunal "no es un órgano judicial, sino una instancia administrativa" y que todavía "no hay una resolución firme". "Tendremos que respetar lo que resuelva esta instancia", ha añadido.

Sin embargo, también este lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto en una entrevista en Televisión Española prescindir de "todo lo que no sea eminentemente político" al considerarlo "dificultades". "Permítame que sea prudente, creo que es mejor hacer que decir, pero soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político", ha insistido Montero.

Casado exige que Sánchez aclare si va a perdonar las multas por malversación a los líderes del procés tras indultarlos

En sus declaraciones, Montero también ha definido la deuda con el Tribunal de Cuentas como "piedras en un camino" que el Ejecutivo recorrerá "sí o sí". Da la casualidad que esta misma expresión fue utilizada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el pasado viernes. En una entrevista el pasado viernes, Ábalos dijo no cuestionar la función de órganos como el Tribunal de Cuentas, pero insistió en que causas como la que se dirimirá este martes "no dejan de ser piedras en el camino". "Nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad", añadió.

Una rebaja de la mayoría para la renovación, otra vía

Ante el más que probable bloqueo al que quedará condenado el Tribunal de Cuentas, que avisó en abril al Congreso que caducaba su mandato en julio (los 12 miembros del órgano comenzaron su mandato en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta), el Gobierno podría abrir otra vía para su renovación: la rebaja de la mayoría necesaria.

El Ejecutivo ya realizó una propuesta similar en octubre de 2020 para acometer la renovación del CGPJ, cuyos magistrados llevan más de dos años y medio en funciones. Entonces, el Gobierno de coalición propuso rebajar de 3/5 de las cámaras parlamentarias a una mayoría absoluta los números necesarios para nombrar nuevos miembros. La medida, que fue entendida como una forma de presión para el PP, levantó las suspicacias de Europa y de las asociaciones de jueces y fiscales. Sin ir más lejos, la Asociación de Jueces Europeos alertó de que podía aumentar "el riesgo de influencia política indebida".

Ante las críticas y los reproches, el Gobierno finalmente renunció a la propuesta en abril. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió el "revuelo" generado y comunicó que pediría al PSOE y a Podemos -se presentó por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno- que la retirasen. No corrió la misma suerte la iniciativa que reducía el poder del órgano para hacer nuevos nombramientos mientras estuviese en funciones, que entró en vigor en abril.