Los indultos parciales concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados en el juicio del procés afectan solo a la responsabilidad penal, no a la contable que instruye desde hace tiempo el Tribunal de Cuentas en dos expedientes separados. El más avanzado trata de los gastos que acarreó la organización del referéndum ilegal del 1-O y el segundo intenta determinar la cantidad malversada en viajes y propaganda al servicio de la telaraña independentista en el extranjero. 

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Entre ambos, la cifra asciende a unos 10 millones de euros, un dinero que era de todos los catalanes, y que es solo una parte de lo que nos ha costado el procés. Se acusa a dicho tribunal de no ser particularmente modélico, de estar bajo la influencia de los partidos y de generar indefensión entre los afectados por órdenes ejecutivas de embargo, aunque luego puedan recurrir la sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El Tribunal de Cuentas es un organismo constitucional, que también existe en otros países, y que es muy útil para que los responsables públicos no se gasten de forma injustificada el dinero de los contribuyentes y, si lo hacen, tengan que devolverlo de su propio bolsillo. Si tiene que reformarse en algún aspecto el legislador puede hacerlo, pero su actuación ha sido, sin duda, la mejor arma contra el procés. Hoy formalizará las acusaciones a unos 40 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, cuyos abogados han podido presentar alegaciones, rebajando la cifra inicialmente solicitada. 

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Dicho organismo debería ser muy escrupuloso en delimitar bien las responsabilidades, justificando de forma muy clara cada imputación personal, pero el Gobierno español no debería intentar diluir su actuación, como sugería el ministro José Luis Ábalos cuando habló de "quitar piedras en el camino".

Esos 10 millones son solo una pequeña cantidad del desastre que ha significado el procés y de los gastos superfluos que hay en los presupuestos de la Generalitat dedicados a la propaganda y la agitación secesionista, con organismos duplicados, exceso de personal de confianza, sueldos inflados, contratos y subvenciones políticas, o financiando en exceso TV3.

Tanto Ciudadanos como el PSC han cifrado entre 900 y 1.100 millones anuales lo que nos podríamos ahorrar si todo ese dinero se dedicara a lo que verdaderamente importa a la ciudadanía. Por tanto, está muy bien que los responsables públicos separatistas respondan con su patrimonio de los millones indudablemente malversados, ya que es el castigo que más daño les hace. Con los indultos a los presos no tenemos nada que perder, pero si el Gobierno intenta desactivar al Tribunal de Cuentas, entonces sí lo pagaremos muy caro.