Los ex presidentes de Cataluña, Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull y otra treintena de antiguos altos cargos del Govern están citados este martes en el Tribunal de Cuentas.
En esa comparecencia, el órgano les dará a conocer qué cantidad deben reponer por los gastos sin justificar que la Generalitat destinó –en algunos casos con la fracción de contratos para eludir los controles– a promocionar la acción exterior de la autonomía entre los años 2011 y 2017. Según adelanta el diario El País, la liquidación asciende a 5,4 millones de euros.
El tribunal reclamará dicha cantidad a los acusados, a los que confirmará su imputación y también la cantidad de la fianza a abonar, que no será inmediata, ya que se abrirá el plazo para que las defensas hagan sus alegaciones.
No hará falta que Mas, Puigdemont, Junqueras y los demás acudan de forma presencial a la sede, situada en Madrid, sino que valdrá con que lo hagan sus defensas en su representación. Los abogados habían solicitado anular la vista, pero la petición fue rechazada.
En esta ocasión, la deuda -que tendrá que ser repuesta con la fianza o, en última instancia, con embargos personales- se debe a los gastos de la acción exterior que fueron presuntamente desviados a las denominadas 'embajadas catalanas' que abrió el Govern en más de 30 países, como Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos.
Esas embajadas implicaron un conflicto entre el Gobierno central y el Govern y, en algunos casos, llegaron a ser paralizadas por la Justicia, aunque el Ministerio de Exteriores finalmente aprobó su apertura cuando la Generalitat aceptó, en enero de 2020, reformular sus objetivos.
La deuda también se debe a la acción del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). Este consorcio público-privado fue creado en 2012 por el entonces ejecutivo de Artur Mas para potenciar y dar a conocer la acción de Cataluña en el extranjero. Cesó su actividad en abril de 2018, después de que así lo decretara el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, lo que le permitió tomar el control de la autonomía después de que Puigdemont y su Govern intentaran hacer efectiva la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Las diligencias que se trasladarán a las partes provienen del informe que el Tribunal de Cuentas aprobó en marzo de 2019 y en el que fiscalizó dichas partidas presupuestarias.
Según este escrito, la Generalitat gastó en ese período un total de 416,8 millones de euros en acción exterior. Tal y como confirmó el órgano, el gasto total de las delegaciones superó los 27 millones de euros y el de Diplocat casi alcanzó los 16. Todo ese dinero, concluyó el tribunal, se gastó sin justificación, con subvenciones a dedo y bajo la fracción de contratos públicos con el fin de eludir controles, además de invadir competencias del Estado.
"Se han detectado irregularidades y deficiencias en la planificación, presupuestación, gestión y ejecución de los recursos destinados a la acción exterior. Se ha constatado la existencia de gastos para los que no existen los justificantes correspondientes o en que no se ha acreditado la prestación realizada, así como la realización de actividades fuera de las finalidades establecidas en la ley o ajenas a las competencias de la administración catalana", argumentó entonces el Tribunal de Cuentas.
Estos más de 5 millones -cifra que podría ser menor si se aceptan las alegaciones de las defensas, que han alegado indefensión por el gran volumen de los expedientes que se les trasladarán a los implicados- se sumarán así a los otros 4,1 millones que ya fueron consignados a los acusados por la celebración y la ejecución de la consulta que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 y que fue precedida por las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, por las que fueron juzgados y condenados Junqueras y otros ocho miembros del Govern por el Tribunal Supremo.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas es el "supremo fiscalizador" de las cuentas y de la gestión económica del sector público, incluidas todas las administraciones y, también, los partidos políticos. Sin embargo, no es un órgano judicial, por lo que los indultos aprobados el martes y ejecutados el miércoles de la semana pasada no alteran la resolución que el tribunal prevé comunicar a algunos de los condenados por el 'procés'.
Además, no todos los encarcelados lo fueron por un delito de malversación. Ese delito, contemplado en el artículo 252 del Código Penal y penado entre 2 y 8 años de prisión, solo le fue imputado a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Con todo, la Abogacía del Estado ya aseguró en el informe que hizo sobre los indultos antes de ser concedidos que estos cuatro condenados ya "garantizaron" los 4,1 millones de euros a los que ascendía "el importe de la presunta responsabilidad contable".
Esto provocó que se diera por reparado ya el perjuicio económico que, como se ha señalado anteriormente, ya había cuantificado el Tribunal de Cuentas. Bajo este argumento, la Abogacía evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que se les indultara, al contrario que el tribunal sentenciador y la Fiscalía, que aprovecharon los informes -que no son vinculantes en la decisión- para posicionarse en contra de la medida de gracia.
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