Varias comunidades se plantan y hacen frente a Sanidad por la imposición de nuevas restricciones

  • Madrid anuncia que recurrirá ante la Audiencia Nacional y que mientras seguirán aplicando sus normas, que son "mejores".
  • La Xunta de Galicia ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos y también regirá con sus leyes.
  • El Gobierno vasco ni siquiera ha participado en el debate y según el PSE, una cláusula les permite usar sus normas.
Terraza en Madrid
Terraza en Madrid
Jorge París
Terraza en Madrid

Guerra abierta entre Gobierno central y comunidades autónomas: este sábado, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Sanidad que marca nuevas restricciones para el sector hostelero y para las actividades de ocio nocturno. Varias comunidades han votado en contra de estas medidas y plantean un desafío ante Moncloa, con la intención de seguir aplicando las normas autonómicas que estaban implementando.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional. Así lo ha revelado el consejero de Justicia en funciones del Ejecutivo madrileño, Enrique López, que acusa al Gobierno central de invadir competencias autonómicas.

Mientras la justicia se pronuncia, López avisa de que en Madrid seguirán aplicándose las mismas normas, ya que a su juicio, son "mejores técnicamente" para contener el virus y "mejores que las que propone el Gobierno".

En situación parecida se encuentra otra comunidad gobernada por el PP, Galicia. Sus servicios jurídicos están analizando si la norma publicada este sábado por el BOE es o no vinculante. Mientras, eso sí, seguirán aplicando sus propias normas, tal y como anunció Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta.

También Andalucía se niega a seguir las órdenes de Moncloa. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia de la Junta, ha dicho al Gobierno que no cuente con ellos "para dar el golpe de gracia" a la hostelería, a riesgo de arruinar a un sector ya muy castigado tras año y medio de pandemia.

Murcia y Cataluña también han votado en contra de las medidas del Gobierno, mientras que la Junta de Castilla y León se ha abstenido.

Caso diferente es el del Gobierno vasco, que ni siquiera ha participado en el debate del Consejo Interterritorial. En cambio, el Partido Socialista de Euskadi ha querido hacer de mediador y ha aludido a una cláusula en la norma publicada este sábado por el BOE.

En concreto, se trata de una cláusula que permite "atender a las especificidades que se dan en las comunidades autónomas respecto a distintos aspectos relacionados con las medidas para combatir la pandemia de la Covid-19". En otras palabras: que las comunidades podrían seguir haciendo lo que quisieran.

Imagen del consejo interterritorial de salud.

La postura del Gobierno central, mientras, es clara: las medidas publicadas este sábado por el BOE son de obligado cumplimiento, y lo serán hasta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "apruebe la finalización de su vigencia", algo que también, como en teoría ha pasado ahora, tendrá que ocurrir con acuerdo del Consejo Interterritorial.

Según esta norma, el ocio nocturno podrá reabrir hasta las 2 de la madrugada, ampliable a las 3 en las comunidades que estén fuera del nivel riesgo o en el nivel de alerta 1. Actualmente se trataría de Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. País Vasco y La Rioja están en el nivel 3 de alerta y el resto, en el 2.

Entre otras medidas, la norma recoge que el consumo de bebidas y alimentos en estos locales (tanto en interiores como exteriores) se hará sentado, con una separación entre las sillas de distintas mesas de al menos 1,5 metros.

Estos locales no podrán superar el 50% de aforo en el interior; las terrazas al aire libre podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas, que a su vez solo podrán estar ocupadas por un máximo de 6 personas en lugares cerrados y 10 en el exterior.

Si el territorio en cuestión llegara al nivel de alerta 2, la comunidad podrá valorar autorizar la apertura de locales de ocio nocturno con las restricciones que se proponen en el semáforo de Sanidad, que reduce el aforo a un tercio.

En cuanto a la hostelería, si el territorio está fuera de los niveles de riesgo, se permitirá la mitad del aforo en el interior, pudiéndose incrementar en un 10% si se aplican medidas que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire.

En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas separadas por 1,5 metros y ocupadas al máximo por 6 personas en interior y 10 en exterior. Como máximo estarán abiertos hasta la 1 de la madrugada y dejarán de servir a las 24:00 horas.

Las posturas de los partidos

Los principales partidos se han manifestado también acerca de esta polémica. Por parte del PP lo ha hecho la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, que ha exigido al Gobierno que "no imponga por la fuerza" estas restricciones y le ha acusado de actuar "con criterios políticos y no técnicos", por lo que ha emplazando al Ejecutivo a que rectifique.

Por Ciudadanos ha hablado Edmundo Bal, portavoz de la formación naranja, que ha dicho que es "muy discutible" que sean de obligado cumplimiento estas nuevas limitaciones cuando no han sido adoptadas por unanimidad, y ha cargado contra la ministra por generar inseguridad con sus cambios de criterio.

El PSOE, en cambio, ha arremetido contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hana Jalloul, su portavoz en la Asamblea madrileña, ha afeado al Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso su comportamiento, al señalar que "es insolidario no remar a favor de lo que dicen las comunidades" y le ha invitado a sumarse al consenso.

Los hosteleros, también en contra

Los hosteleros, como era de prever, se han puesto frontalmente en contra de las nuevas normas publicadas por el BOE. La organización empresarial Hostelería de España ha argumentado que las medidas "carecen de legitimidad" y califican de "autoritaria" la actitud del Ministerio de Sanidad hacia las comunidades autónomas.

La organización ha emitido un comunicado en el que dicen que se "tergiversa" el "concepto de consenso" como "acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad", algo que no tiene "nada que ver" con lo ocurrido el pasado jueves en el consejo interterritorial.

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