Hace tan solo unos días, y como consecuencia de la crisis migratoria de Ceuta y el acogimiento por parte de la Junta de 13 menores procedentes de la ciudad autónoma, Vox volvió a amenazar al Gobierno del PP-A y Cs con no apoyar ninguna iniciativa que no llevara su firma o no formara parte de los acuerdos previamente suscritos. Y ayer, tras anunciar por la mañana que habría «espectáculo» en el Pleno de por la tarde, cumplieron su palabra en una sesión inédita hasta ahora en la legislatura, que comienza a tambalearse al perder la Junta el apoyo aritmético necesario de su socio presupuestario.
El Parlamento acogió este miércoles el debate de totalidad de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), conocida como nueva ley del suelo, una norma que tanto la Junta como Vox habían calificado de «clave» para este mandato y que estaba pensada para reducir a la mitad los plazos de tramitación de los proyectos urbanísticos, entre otras cuestiones. Unidas Podemos por Andalucía defendió en la Cámara la enmienda a la totalidad que había presentado y la sorpresa llegó cuando Vox, que sí había apoyado la ley en su fase de decreto, anunció que se abstendría en la votación de la enmienda.
La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), retrasó entonces una hora las votaciones, algo nada habitual en la dinámica plenaria, tiempo en el que los nervios empezaron a aflorar entre los miembros del Gobierno, reunidos en corrillos en el patio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas y sin dejar de hablar entre ellos y por teléfono. Pero si hubo negociaciones, de nada sirvieron, porque finalmente la enmienda a la totalidad salió adelante con los 50 votos a favor de la izquierda, 43 en contra (aunque PP y Cs suman 47) y las 11 abstenciones de Vox, por lo que la ley regresará al Consejo de Gobierno.
El diputado y exportavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, admitió que las «deficiencias» de la nueva norma «podrían corregirse en circunstancias normales vía enmiendas», pero «la falta de confianza nos impide tramitar esta ley con los partidos del Gobierno», haciendo alusión al documento firmado por la Junta en el que se compromete a acoger a 13 de los menores inmigrantes llegados a Ceuta. Además, añadió, «es incompatible plantear, como lo estamos haciendo, la exigencia de unas elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como esta».
Lo de este miércoles se convierte, después de varios órdagos que al final quedaron en agua de borrajas y tras la aprobación de hasta tres presupuestos, en el golpe más duro que sufre el Gobierno de Juanma Moreno en los dos años y medio de legislatura. Y pone en entredicho la estabilidad de la que tanto el popular como el vicepresidente, Juan Marín, siempre han presumido.
Sin embargo, este miércoles mismo el PP-A aseguró, horas antes de la sesión parlamentaria, en que a quien «mejor le vendría hoy» que se adelantaran los comicios sería al propio Moreno, pero insistió en que la intención del presidente es «agotar la legislatura».
Ley de Salud Pública
El de la ley del suelo no fue el único golpe que este miércoles asestó Vox a la Junta. Y es que la reforma exprés de la Ley de Salud Pública de Andalucía que el PP-A y Cs pretendían sacar adelante en el Parlamento por lectura única –para lo que se requiere la unanimidad de todos los grupos– ni siquiera llegó a la Mesa de la Cámara al anunciar Vox que no la apoyaría, pese a contar el Gobierno con los votos a favor de la izquierda. Esta modificación serviría para que la Junta pueda confinar perimetralmente aquellos municipios con una alta incidencia de coronavirus sin pasar por el trámite judicial. Los de Abascal alegan no estar de acuerdo con los dos borradores que han recibido en relación a este cambio, ya que «limita los derechos fundamentales» de los ciudadanos, aunque aseguran que están dispuestos a seguir hablando. Desde el PP-A, lamentaron la decisión de Vox y no descartaron presentar una proposición de ley de modificación de la norma mediante tramitación ordinaria, si bien esto conllevaría varios meses y restaría sentido a una medida que la Junta quiere poder aplicar en estos momentos de la pandemia.
Precisamente ayer, los comités territoriales de las ocho provincias volvieron a revisar los datos en los municipios andaluces y solo Lora del Río y La Campana, en Sevilla, superan los mil casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lo que la Junta solicitará el aval del TSJA para poder cerrarlos.
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