Así, ante la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, Igea ha recalcado que el plan de medidas que propone el Gobierno central carece de participación previa, concreción presupuestaria, distribución, calendario e indicadores de evaluación.

En este sentido, el vicepresidente ha trasladado la urgencia de aplicar las medidas que requieren los territorios más afectados por la despoblación y la revisión del sistema de financiación autonómica y ha recordado la exigencia conjunta suscrita este jueves para que los parámetros que marcan las nuevas directrices sobre ayudas regionales para el periodo 2022-2027, publicadas por la Comisión Europea en abril, entren en vigor en cuanto el Ejecutivo comunitario apruebe el nuevo Mapa de Ayudas, sin esperar al año próximo.

Ante la exposición de las principales líneas de las 130 medidas frente al reto demográfico del Plan de recuperación, transformación y resiliencia diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Igea ha incidido en la necesidad de que los criterios de reparto de fondos sean justos, dado que debe primar el esfuerzo que supone la prestación de servicios al territorio y no fijar coberturas u objetivos por porcentaje de población; resulta un aspecto fundamental para Castilla y León, máxime en cuestiones como la conectividad, las infraestructuras, la biodiversidad o el mantenimiento del patrimonio cultural y artístico.

Por otro lado, Igea ha criticado que el Gobierno de España haya celebrado reuniones bilaterales sobre esta materia con algunas comunidades autónomas, y no lo haya hecho con Castilla y León, pese a solicitarlo formalmente por carta dirigida al secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, el 12 de febrero de 2021.

Al respecto, el vicepresidente ha resaltado que hay una sustancial diferencia entre hacer "una política de país frente al reto demográfico" y llevar a cabo "una política de Gobierno" que, pese a ser legítima, evidencia que desde el Gobierno de España se mantiene interlocución directa con comunidades autónomas de su mismo signo político, dejando de un lado, precisamente, a comunidades que sufren la despoblación y requieren un mayor y urgente respaldo en la puesta en marcha de medidas.

Por este motivo, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España se reúna con las ocho comunidades autónomas que conforman el foro de regiones con desafíos demográficos.