El Gobierno descarta aprobar un nuevo decreto de alarma para todo el país pese a las decisiones contradictorias de los tribunales superiores de justicia, que en los últimos días han dictado resoluciones discrepantes en las distintas autonomías. Este martes, el presidente Sánchez dijo que el estado de alarma "es el pasado" e insistió en dos ideas: que las comunidades tienen "suficientes herramientas" para controlar la pandemia y que no se pueden limitar derechos fundamentales con legislación ordinaria -"es de primero de derecho", dijo-.

Con esa última frase, el Ejecutivo insiste en cerrar la puerta a cualquier cambio  legal para amparar expresamente medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales. Este lunes, el ministro de Justicia sugirió hacer reformas si los jueces del Supremo no avalan esas restricciones, pero tuvo que desdecirse horas después y fue incluso corregido por Sánchez. Este martes, el Gobierno expresó su confianza en que el Alto Tribunal avalará las medidas que planteen las autonomías y dejó claro que no hay un plan B al aval de los jueces para gobernar esta fase de la pandemia.

Mientras tanto, continúan sucediéndose decisiones de los tribunales autonómicos que dibujan un caos jurídico, con importantes asimetrías entre comunicades: en las últimas horas, el TSJ de Navarra ha avalado que las comunidades adopten medidas restrictivas de los derechos fundamentales, pero ha denegado el toque de queda por considerarlo desproporcionado. Mientras tanto, el TSJ andaluz amparó el confinamiento de tres municipios de Córdoba y Cádiz, pero rechazó el cierre de una cuarta localidad, Montefrío (Granada), por tener menor incidencia. La Junta ya ha anunciado que recurrirá al Supremo.

El Gobierno no está "de brazos cruzados"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sostuvo que "es innegable" que el estado de alarma "fue un acierto" del Gobierno, pero argumentó que ese instrumento sólo debe explicarse en situaciones "excepcionales" y que no debe "prolongarse en el tiempo" ahora que avanza la vacunación y que se ha reducido la incidencia acumulada. "Lo peor ya ha pasado y la excepcionalidad ya no es imprescindible para el control de los datos [de la pandemia]", argumentó.

En esa línea, defendió que las autonomías disponen de un catálogo de medidas que dependen estrictamente de sus competencias, por lo que pueden aplicarlas sin el paraguas jurídico de la alarma y sin aval de los jueces. Entre otras, citó el control de aforos y la regulación de la apertura y el cierre del comercio y la hostelería. "Hay un abanico de medidas que pueden pedir para disminuir el tránsito y la movilidad donde exista una incidencia acumulada por encima de los niveles óptimos", recalcó Montero, que defendió el uso de las restricciones "intermedias" antes de echar mano de las limitaciones más duras.

Por ello, sostuvo que "nada más lejos de la realidad cuando escuchamos que el Gobierno está de brazos cruzados" y rechazó las críticas del PP y el resto de la oposición -incluso algunos de los socios habituales del Ejecutivo le han reclamado un plan B-. Montero dijo que "sería bueno que el PP se aclarara", porque "votó en contra" del estado de alarma de seis meses que concluyó el pasado domingo [el PP, en realidad, se abstuvo en aquella votación]. Según la ministra portavoz, los populares hacen una "utilización partidista" de este asunto para "desgastar al Gobierno", empleando para ello "el dolor, el sufrimiento y el cansancio acumulado" de la población.

Sin plan alternativo al Supremo

Lo que Sánchez sigue sin aclarar es qué hará si el Supremo no avala aquellas restricciones que los ejecutivos autonómicos consideren indispensables para frenar el virus. Además de la Junta de Andalucía, el Gobierno canario también recurrirá al Alto Tribunal, en su caso para intentar mantener el toque de queda. Montero insistió este martes en que el Gobierno está "atento" a esas resoluciones contradictorias, y defendió que no tienen por qué generar "confusión" en la ciudadanía y que el Ejecutivo se ha "anticipado" a ese caos jurídico habilitando la opción de recurrir ante el Supremo.

Así las cosas, la acción del Alto Tribunal es, por tanto, el 'plan A' del Gobierno para definir qué restricciones se mantienen en esta fase de la pandemia, y no parece haber una hoja de ruta alternativa. Montero expresó que, si las autonomías plantean medidas "justificadas en base a los indicadores epidemiológicos", no hay "duda" de que el Supremo "resolverá de forma favorable", aunque el tribunal tenga que pedir "información o documentación adicional". 

Además, defendió el modelo del aval judicial, ya que implica que "dos poderes públicos distintos" se pronuncien sobre las restricciones que afecten a libertades o derechos fundamentales -en este caso, el Ejecutivo y el Judicial-, al igual que durante el estado de alarma -cuando el Ejecutivo promulgaba el decreto y el Legislativo ratificaba sus prórrogas-.

La portavoz, finalmente, reiteró que el Gobierno estaría abierto a tramitar un nuevo estado de alarma para un ámbito territorial concreto si un presidente autonómico lo solicita, como "siempre" ha ofrecido el Ejecutivo, pero añadió un matiz: si algún mandatario quiere recurrir a esa posibilidad, los "datos" epidemiológicos deben "justificar" la necesidad de recurrir a la restricción más estricta y la imposibilidad de controlar la pandemia por otras vías.