La sentencia ha sido dictada y declarada firme en sala este miércoles tras un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que no ha sido necesaria la celebración del juicio (que iba a ser con un tribunal de jurado), y con ella se cierra el último capítulo de la llamada Operación Patos, que investigó en su día supuestos amaños en licitaciones públicas de varias administraciones en Vigo, Pontevedra y otros municipios.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el funcionario tuvo al menos dos citas con prostitutas concertadas y pagadas por el empresario, una atención del constructor a este hombre por su cargo y responsabilidad en el Ayuntamiento, donde participaba en procesos de adjudicación de obras. El ministerio público pedía inicialmente para Álvaro C.C. un año de prisión y tres de inhabilitación, y para Enrique A.P. solicitaba 9 meses de cárcel.

La vista por estos hechos fue suspendida dos veces anteriormente, una por un problema en la constitución del jurado y otra por la ausencia de un testigo. Tras el acuerdo de este miércoles, el proceso se cierra con una multa de 2.430 euros e inhabilitación para cargo y empleo público durante 10 meses para este funcionario; mientras que Enrique A.P. ha aceptado la misma multa e inhabilitación para contratar con la administración pública durante 4 meses.