Más presión para que el Gobierno aclare qué marco jurídico va a servir para sustentar las restricciones por la Covid-19 después de que finalice el estado de alarma el 9 de mayo. Ante la inacción del Ejecutivo, que no ofrece detalles sobre cómo se gestionará la pandemia tras esa fecha, varios de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo -entre ellos ERC, EH Bildu, PDeCAT- se mostraron este martes proclives a apoyar, cuando llegue el pleno del Congreso en las próximas semanas, que empiece a tramitarse la iniciativa del PP para establecer un marco jurídico que permitiría a las comunidades dictar restricciones a la movilidad o la reunión sin estado de alarma. 

La semana pasada, los principales socios parlamentarios del Gobierno ya afearon al presidente Pedro Sánchez que no haya explicado qué instrumentos jurídicos servirán para mantener las restricciones cuando acabe el estado de alarma. Sánchez lleva semanas insistiendo en que, con la legislación actual, las comunidades autónomas tienen medios suficientes para combatir la pandemia. Pero prácticamente todo el arco parlamentario alberga muchas dudas de que eso sea así. 

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A escasas tres semanas de que decaiga el estado de alarma, no está claro -por ejemplo- si las comunidades podrán confinar perimetralmente o decretar toques de queda. Los precedentes son poco halagüeños: antes de que se declarase el estado de alarma actualmente vigente, la justicia tumbó varias medidas en algunas comunidades argumentando que un Gobierno no puede limitar derechos fundamentales como el de reunión o el de movimiento sin un instrumento excepcional como el estado de alarma, aunque medidas muy similares sí se permitieron en otras autonomías.

Para los socios habituales del Gobierno, esta incertidumbre "no es de recibo", en palabras de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Y, por ello, se abrieron este martes a apoyar la toma en consideración de la iniciativa del PP cuando llegue el pleno, aunque esa propuesta tampoco es la panacea, porque su toma en consideración se celebrará, como pronto, en el pleno que el Congreso celebrará la semana posterior al fin del estado de alarma. Incluso si la Cámara Baja aprobara el inicio de la tramitación de esa iniciativa, al texto le quedarían por delante semanas de discusión parlamentaria.

De ahí que el movimiento de los socios de Sánchez sea más un gesto de presión para intentar que el Gobierno se mueva y plantee su propia propuesta. Así se lo exigieron la práctica totalidad de los portavoces que habitualmente lo apoyan. El de ERC, Gabriel Rufián, denunció la "irresponsabilidad" del Ejecutivo y se mostró dispuesto a "enmendarla", además de acusar a Sánchez de guardar "silencio" ante la pregunta de "qué pasa cuando acabe el estado de alarma". "La sospecha que tenemos es que no quieren anunciar según qué medidas por miedo a las elecciones en Madrid, y que creen que si impiden que la gente tome cañas eso les va a restar votos, pero nos importa bastante poco", espetó Rufián.

EH Bildu, por su parte, aseguró que "valorará" la iniciativa del PP, aunque su portavoz Aizpurua sostuvo que resulta "curioso" que los populares abanderen ahora la implantación de un nuevo marco legal cuando "no ha apoyado absolutamente ninguna de las medidas que se han tomado durante la pandemia". Aizpurua, en cualquier caso, insistió en trasladar la responsabilidad al Gobierno, al que acusó de mantener "un vacío" en la capacidad normativa de las comunidades, y exigió a Sánchez que asuma su "deber" de establecer "un paraguas jurídico acordado con las comunidades y con la mayoría parlamentaria que le ha dado al Gobierno el apoyo para ir sacando los estados de alarma".

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En la misma línea, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, denunció que sería "una irresponsabilidad del Gobierno no clarificar la situación" y aseguró que su grupo estudiará "todas las posibilidades", incluida la iniciativa del PP, si el Ejecutivo "no toma la iniciativa". Menos claro fue el líder de Más País, Íñigo Errejón, que fue muy crítico con Sánchez y su "inacción" pero aseguró que la propuesta de los populares tiene puntos "constitucionalmente delicados". 

Unidas Podemos, afín a Moncloa

"Es peligroso que se puedan adoptar medidas de suspensión de derechos constitucionales sin tener un debate en el Congreso, si alguna comunidad reclama poder aplicar medidas más duras tiene que decidirse aquí, en la sede de la soberanía nacional", zanjó Errejón.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando los socios del Gobierno han presionado a Sánchez, en esta ocasión Unidas Podemos mantiene la misma línea que la Moncloa. "Las comunidades tienen instrumentos suficientes para poder adoptar las medidas que crean convenientes con el control judicial pertinente", afirmó este martes el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que se mostró convencido de que, "en el momento en el que decaiga el estado de alarma, ya se estará rebajando la cuarta ola".