"No es el momento", ha sentenciado la procuradora del PP Leticia García quien, tras reconocer la necesidad de modificar la ley, ha considerado que la Proposición de Ley del Grupo Socialista, que ha tildado de "chapuza", "anodina", "poco ambiciosa" y de "política de escaparate", llega en un momento "inoportuno" a falta de las conclusiones de la citada comisión de investigación.

"Al final la conclusión siempre es la misma, que nada cambie, que todo siga igual", ha lamentado por su parte la viceportavoz del Grupo Socialista y proponente, Virginia Barcones, que ha espetado al PP que la comisión de investigación está analizando una cosa "muy seria", en referencia a la anterior gestión del Gobierno del Partido Popular, partido al que ha reprochado su gusto por "el B".

Barcones ha ironizado asimismo sobre el "papelón" de Ciudadanos en este debate por "justificar lo injustificable" y por "pactar con quien se investiga" y ha recordado la intervención del exvicepresidente y exconsejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, cuando aseguró en la citada comisión de investigación que se mantiene el sistema de publicidad institucional.

La procuradora de Ciudadanos Alba Bermejo ha pedido la palabra para rechazar lecciones en materia de publicidad institucional por parte del PSOE al que ha preguntado en tono irónico si ha pedido permiso al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al que ha exigido un compromiso con la transparencia, que ha hecho extensivo también a los ayuntamientos con insinuaciones en este punto a "vacaciones navales en Ibiza". Bermejo ha reivindicado también que la llegada de Ciudadanos a la Junta sí ha supuesto un punto de inflexión en el reparto de los fondos.

La procuradora del PP también ha pedido la palabra para reprochar a los socialistas que ya hayan sacado sus propias conclusiones -"no necesitan expertos de verdad para mejorar la pandemia"-ha espetado en tono irónico en su argumentación- y acusar a los de Tudanca de querer emular un "ministerio del tiempo" para volver al pasado en un intento de conseguir "un asiento o más" para los socialistas en una comisión autonómica de publicidad institucional pero sólo para beneficiar a "algunos".

"Montese en el DeLorean y aterrice en el siglo XXI", ha secundado por su parte la liberal Bermejo que ha garantizado que Ciudadanos trabajará hasta el final en la comisión de investigación para redactar unas "conclusiones serias y coherentes" con todo lo visto y oído e impulsar después una reforma "con las máximas garantías", con criterios consensuados y con la máxima protección jurídica.

Sin embargo, la proponente se ha reafirmado en la urgencia de volver al consenso para recobrar el control parlamentario en este asunto y ha pedido a PP y Ciudadanos que admitiesen la toma en consideración de la PL socialista para acordar después "entre todos y de una vez por todas" una gestión participada y criterios "objetivos" y alejados de la discrecionalidad, como también ha pedido para los patrocinios.

En el caso del Grupo Mixto, la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, ha abogado por modificar una ley que "huele demasiado a opacidad" y ha compartido con el PSOE la necesidad de adecuarla a la realidad de las redes sociales y ha considerado "imprescindible" ajustar este asunto a los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas que Fátima Pinacho, de VOX, ha tachado de "guía del consenso progre" al mismo tiempo que ha advertido de los "intereses espúreos" de los socialistas, con los que ha compartido no obstante la necesidad de modificar la ley para poner fin a los "desmanes" en el reparto de publicidad institucional.

"¡Queda un huevo!", ha bromeado al inicio de este debate el secretario de la Mesa de las Cortes, el socialista José Francisco Martín, que ha sido el encargado de leer el informe de la Junta rubricado por el titular de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en contra de la toma en consideración de una PL para volver a la figura derogada de la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional estableciendo en su composición la reserva legal de tres personas designadas por las Cortes regionales por mayoría de 3/5, sin entrar a configurar el resto de sus miembros.

Del estudio de las funciones de la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional la Junta deduce un intento de menoscabar el respeto a la autonomía local, universitaria o de los consorcios formados por distintas administraciones públicas y una posible injerencia en los órganos jurisdiccionales o en los tribunales de recursos contractuales existentes. "En materia de publicidad institucional las sugerencias parecen pretender interferir las actuaciones contractuales de ayuntamientos y diputaciones", añade la Junta en su escrito en el que advierte del "perfil intervencionista" en la planificación que propone el PSOE.