El coronavirus ha transformado, de manera casi obligada, el ocio nocturno. El sector ha sido señalado por activa y por pasiva por las autoridades sanitarias y políticas, que han achacado a este ámbito el descontrol del virus casi desde el comienzo de la pandemia pero con especial dureza en la segunda y en la tercera ola. Y es que, la noche y el alcohol provocan una desinhibición que hace difícil cumplir con las medidas que ponen a raya al virus: distancia social y mascarilla.

Ayuso permite a la Policía Municipal la inspección de pisos turísticos para atajar las fiestas ilegales en la pandemia

Sin embargo, los jóvenes no han dejado de divertirse, logrando la transformación del sector: han comenzado a asistir a fiestas clandestinas o a organizar estos eventos en casas. Tanto es así, que la Policía ha llegado a verse superada por las circunstancias. Desde el pasado mes de octubre los agentes madrileños han actuado en más de 4.000 fiestas ilegales, solo durante los fines de semana. Esto es una media de 350 fiestas entre los viernes y los domingos. Solo el fin de semana pasado, la Policía Municipal capitalina intervinieron en 418 fiestas ilegales: 80 el viernes, 170 el sábado y 168 el domingo. A esto se suman un total de 450 propuestas de sanción por botellones y otras 1.055 multas por saltarse el toque de queda.

Todo ello, pese a las duras sanciones contempladas en la ley para estos supuestos. Cabe destacar, además, que las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves y difieren dependiendo de la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, pena el botellón en vía pública con multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros, según el articulado de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

Sin embargo, esa cantidad puede aumentar si los sancionados no llevan mascarilla (otros 100 euros) o si son un grupo superior al permitido (en este caso más de cuatro personas), lo que conlleva una multa de entre 600 y 3.000 euros más. Si alguno de los presentes, además, estuviera saltándose la cuarentena, podría sancionársele con hasta 15.000 euros. En caso de que estén cometiendo una infracción "muy grave" como es la celebración de una fiesta ilegal, la cuantía, dependiendo de la situación, va de los 15.000 euros hasta los 600.000.

La Policía Nacional de Huesca sanciona a 29 personas en cuatro fiestas ilegales el fin de semana de carnaval

Cataluña, por su parte, tiene otra particularidad respecto a las otras autonomías. Y es que no diferencia la gravedad de las conductas ilegales según el número de participantes, aunque sí tiene en cuenta criterios menos objetivos, como son la negligencia o la intencionalidad. Incluso la cuantía del beneficio obtenido en caso de que sea una fiesta ilegal que cuente con un organizador. Es el Decreto Ley 30/2020 de 4 de agosto el que marca las sanciones, incluso para los locales que se saltan el horario permitido, que también pueden llegar hasta los 600.000 euros.

En Andalucía las multas varían incluso por provincias. Sevilla, por ejemplo, decidió aumentar a 300 euros la multa inicial de 100 por hacer botellón. Eso sí, también contempla sanciones de 600.000 euros en caso de que ese evento reúna a más de 100 personas. A un importe similar se enfrentan aquellos que incumplan las medidas sanitarias en la Comunidad Valenciana. En Valencia, Alicante y Castellón se imponen sanciones por reuniones o fiestas con aglomeraciones con importes de entre 600 y 300.000 euros.

Dureza contra los organizadores

El problema de las fiestas ilegales durante la época coronavírica no son solo los asistentes a estos eventos, sino también quienes los organizan. Y es que, no solo en casas se producen reuniones clandestinas, sino que empresarios de la noche han comenzado a alquilar pisos turísticos para organizar fiestas y cobrar entrada. Otros, en cambio, deciden hacerlo en otro tipo de localizaciones: avisan del lugar dos horas antes del comienzo, prohíben el uso del móvil y no permiten a los asistentes. Esto último es un delito de retención ilegal, que se suma a todos los anteriores. Por ejemplo, fueron detenidos el pasado fin de semana seis varones y una mujer como presuntos responsables de delitos de atentado a agentes de la autoridad y detención ilegal, por un extremo similar.

Contra estos organizadores, el Ayuntamiento de Madrid lanzó una campaña específica el pasado mes de diciembre. En la misma se contemplaba multar a los organizadores de las fiestas y no a los propietarios del local los que deberán hacer frente a la multa, que puede ir de 60.000 a 600.000 euros. Estas sanciones se basan en la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.