La Policía Municipal de Madrid está desbordada. Desde el pasado mes de octubre los agentes han actuado en más de 4.000 fiestas ilegales, solo durante los fines de semana. Es decir, una media de 350 fiestas entre los viernes y los domingos, que solo la borrasca Filomena consiguió rebajar a medio centenar a mediados de enero.

Ya sea en casas o en locales, cientos de jóvenes madrileños continúan saltándose las restricciones sanitarias. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso este medio, el fin de semana pasado los agentes locales intervinieron en 418 fiestas ilegales: 80 el viernes, 170 el sábado y 168 el domingo. A esto se suman un total de 450 propuestas de sanción por botellones y otras 1.055 multas por saltarse el toque de queda.

Todas estas operaciones fueron desarrolladas por los 250 municipales que forman parte del dispositivo de controles de fiesta y botellón las noches de los fines de semana en el actual escenario de restricciones. Desde el área de Seguridad y Emergencias no dan abasto: "Se llega hasta donde se puede", indican estas fuentes. Pero, también, se dicen "satisfechos" con su trabajo. "La Policía Municipal está haciendo un gran esfuerzo desde hace ya casi un año para hacer cumplir las medidas sanitarias, las adopte el Gobierno –como en el primer estado de alarma– o la comunidad autónoma –como en el caso de las zonas básicas de salud–. Ha actuado siempre, y ahí están sus datos", señalan a 20minutos desde el área de Seguridad y Emergencias que dirige Inmaculada Sanz.

Hasta el pasado mes de marzo los agentes locales se valían de su plantilla para estas actuaciones. Sin embargo –a ojos del área municipal–, en un escenario en el que las restricciones se dictan desde el Gobierno central con motivo de la Covid, el trabajo le corresponde, también, a los agentes nacionales. "Entendemos que todos los cuerpos de seguridad, sean municipales o del Estado, deben velar por el cumplimiento de las normas". De ahí que el alcalde de la capital solicitase a finales del año pasado ayuda a la Delegación del Gobierno: "No podemos asumir esto en solitario". Entonces, el delegado José Manuel Franco aseguró que sus agentes estaban "activos" y que se los enviaría cuando el Ayuntamiento lo solicitase formalmente.

Han pasado cuatro meses, "todas las semanas hay reuniones en las comisarias de ambos cuerpos para coordinar servicios" –aseguran las fuentes municipales– y la situación continúa en el mismo punto. Con una diferencia, el pasado viernes, Franco se comprometió a colaborar "activa y lealmente" con el resto de las administraciones local y autonómica así como con todas las asociaciones de vecinos para poner coto a estas fiestas.

El equipo de Franco insiste a este medio en que sus agentes "actúan en las calles y dan apoyo en todo lo que la Policía local necesite". En los últimos tres meses los agentes nacionales han realizado 18.000 controles de seguridad, en los que ha vigilado a 55.000 coches. También ha identificado a unas 344.000 personas. La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana a 15 personas y puso 425 actas de sanción por fiestas ilegales en la región, mientras que investiga la situación de pisos del centro de la capital donde, según los vecinos, se realizan eventos de este tipo todos los fines de semana.

Desde el área de Sanz rechazan valorar estas cifras, pero insisten en que las fiestas ilegales siguen en auge y que la Policía Municipal ya pone todo de su parte para perseguir "esos comportamientos incívicos e irresponsables que, además, nos ponen en peligro a todos".

Es más, no contemplan cambiar de modus operandi de cara al próximo fin de semana. Según cuenta a este diario un portavoz de Policía Municipal, "se seguirá actuando al 100% como todos los días desde que empezó la pandemia, adaptándonos a las circunstancias específicas de cada momento con las herramientas disponibles".

Habitualmente, acuden cuando hay una llamada y, al llegar, corroboran que la fiesta es ilegal. Inmediatamente, localizan al organizador para poner fin a la fiesta, si infringiera la normativa. "Se procede a evacuar el local denunciando a todos los participantes por alguna de las razones recogidas en el decreto: por saltarse el toque de queda, no guardar distancias, superar el número de personas o no llevar mascarilla", explica.