El Supremo suspende el toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León

Agentes de la Policía Nacional recorren las calles de Ávila en el primer día con toque de queda a las 20.00 en Castilla y León.
Toque de queda en Ávila.
Raúl Sanchidrián / EFE

El Tribunal Supremo ha suspendido el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde en Castilla y León impuesto por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que había sido objeto de recurso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De este modo,  no se podrá imponer una restricción a la movilidad antes de las 22.00 horas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado la medida cautelar planteada por la Abogacía del Estado contra la decisión del Ejecutivo autonómico del pasado 15 de enero de adelantar el toque de queda de las diez de la noche a las ocho de la tarde, según fuentes jurídicas. Queda así sin efecto esta medida, que se ha aplicado durante un mes en la comunidad.

El Gobierno recurrió el pasado 18 de enero porque entendía que esa regulación autonómica vulnera el decreto del estado de alarma, que fija restricciones de movilidad entre las 22.00 y las 7.00 horas, y solicitó la suspensión cautelar del toque de queda.

La Sala abrió una pieza separada para tramitar la cautelar propuesta por el Gobierno de Sánchez a través de un recurso formalizado por la Abogacía del Estado y dio un plazo de diez días a Castilla y León para que presentara sus alegaciones.

Para el Ejecutivo, se trataba, en consecuencia, de "una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2000".

"Proteger la vida y la salud de los ciudadanos"

Sin embargo, hace dos semanas el propio Fernández Mañueco compareció públicamente para exponer las alegaciones presentadas frente al referido recurso, mostrar su convencimiento de que el Alto Tribunal respaldaría la medida adoptada y defender la decisión al considerarla idónea desde el punto de vista sanitario-epidemiológico, social y jurídico. Todo ello, afirmó, con el único objetivo de "proteger la vida y la salud de los ciudadanos y causar el menor daño posible a la economía regional".

Apuntó, no obstante, que en el supuesto de recibir un revés judicial, la Junta aplicaría de inmediato el fallo, pero que, en cualquier caso, no dudaría en volver a adoptar esa decisión. "Salvar vidas siempre merece la pena, proteger el sistema público hospitalario siempre merece la pena, estar al lado de los que se ponen en primera línea siempre merece la pena", expuso Mañueco.

El presidente de la Junta justificó el adelanto del toque de queda en la urgente necesidad de atajar la incidencia de contagios y se mostró convencido de que la medida había sido "crucial, esencial" al lograrlo.

También aludió a una sentencia del Constitucional de 1985 según la cual el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Carta Magna, constituye un valor superior. De ahí la certeza de que ese adelanto del toque de queda no solo respeta la legalidad vigente, sino que responde a los criterios de "idoneidad, a fin de frenar la pandemia; necesidad, ante la urgencia y la no existencia de otras medidas, y proporcionalidad, pues conlleva beneficios para el interés general".

Decisión "unilateral"

La semana pasada el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, se sumó a la polémica tras acusar a Fernández Mañueco de haber adoptado una decisión "absolutamente unilateral" al adelantar el toque de queda y le pidió que vuelva a la senda del diálogo y de la "unidad institucional".

Izquierdo entendía que el presidente de la Junta había actuado como autoridad delegada del Gobierno, a quien este le trasladó un criterio sobre la interpretación del real decreto del estado de alarma, y por ello mostró su extrañeza de que Fernández Mañueco se apartara del criterio recibido en lo que tildó como un "auténtico contrasentido".

Y es que, como así insistió, solo el presidente de la Junta ha adoptado esa decisión "absolutamente unilateral que, además, afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos de Castilla y León y, cuando se hace eso, lo único que se genera es confusión".

También entre los críticos, el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, llegó a pedir la dimisión del propio Fernández Mañueco en el supuesto de que el Supremo tumbara el adelanto del toque de queda y acusó al mandatario castellanoleonés de haber hecho "un Suárez-Quiñones" tras venir a decir que "el Gobierno es él".

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