Las personas con discapacidad física y orgánica reclaman "ser prioridad en la estrategia de vacunación COVID-19"

La Rioja Sin Barreras, junto a todo el Movimiento Asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica del país, representado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), reclama al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que "este grupo social y las personas vinculadas al mismo sean priorizadas en la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 de España e incluidas en elsiguiente grupo de vacunación".

En un comunicado de prensa, señalan, "es urgente proteger a las personas con discapacidad física y orgánica y su entorno familiar,asistencial y sociosanitario frente a los efectos claramente adversos y potencialmente peligrosos que supone una infección por SARS-CoV-2".

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, argumenta que "la existencia de una alta situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad por diferentes circunstancias de riesgo específico y otros factores co-ocurrentes de comorbilidad demuestra la necesidad de ser priorizadas y recogidas en la Estrategia de Vacunación actual como siguiente grupo a inmunizar".

Algunos de los colectivos que pueden presentar un mayor riesgo de contagio, desarrollar una COVID-19 grave, ver agravada su condición o elevar su riesgo de mortalidad son personas con inmunosupresión, enfermedades neurológicas, ELA, enfermedad renal, enfermedadesmetabólicas, fibrosis quística, enfermedades respiratorias, cardiopatías, personas con esclerosis múltiple, con enfermedades reumatológicas, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa ycoagulopatías.

La Rioja Sin Barreras y COCEMFE consideran que se debería incluir en el siguiente grupo prioritario de vacunación a las personas con discapacidad física y orgánica que la propia estrategia de vacunación reconoce su especial riesgo, como es el caso de aquellas conpatologías o condiciones que afectan particularmente a su sistema inmunitario y presentan un riesgo de enfermedad grave, así como las personas con mayor grado de dependencia reconocido, y profesionales que les atienden.

De igual modo, se debería incluir a otras personas no priorizadas como son las personas con gran dependencia o con incapacidades absolutas, que necesiten ayuda de tercera persona y no tienen valorado o reconocido el grado de dependencia III.

En este sentido, ambas organizaciones consideran necesario contemplar situaciones particulares que puedan representar un alto riesgo, siendo de importancia el papel de los centros de salud para la gestión de estos casos.

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