Para ello, la orden obligará a los empleadores a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales antes del inicio de la campaña, a través de la presentación de una declaración responsable. En ella, el empleador se comprometerá expresamente al cumplimiento de las condiciones y requisitos laborales y sanitarios exigibles y a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.

Asimismo, el empleado solo podrá desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y donde figure su domicilio. La orden incorporará como anejo una revisión de la Guía para la prevención y control del coronavirus en las explotaciones agrícolas, que se enviará en los próximos días a las organizaciones agrarias y sindicatos para que el sector pueda hacer sus aportaciones.

Esta decisión se ha tomado en una reunión que han mantenido este martes el titular de Agricultura, Joaquín Olona; la de Economía, Marta Gastón, y la de Sanidad, Sira Repollés.

La intención del Gobierno de Aragón en relación con la próxima campaña de fruta, que tiene como meses centrales julio y agosto, pasa por la firmeza en la exigencia del cumplimiento estricto de las obligaciones laborales que, como empleadores, tienen los agricultores con independencia de la dimensión de su actividad. "Todos ellos, grandes, medianos y pequeños están sometidos al cumplimiento de las mismas leyes y es necesario evitar que vuelvan a repetirse los problemas de la anterior campaña", han coincido los consejeros.

INSPECCIONES

El Gobierno de Aragón intensificará las inspecciones en las explotaciones agrícolas y trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en aquellos lugares en los que se concentran los trabajadores temporales.

El Ejecutivo ha recordado que, como en el resto de las actividades económicas del ámbito privado, son los empleadores quienes tienen la responsabilidad y la obligación de adoptar los medios y medidas necesarias, no sólo para llevar a cabo la actividad productiva, sino para que dicha actividad cumpla con las exigencias legales en seguridad y salud.

Así, el apoyo público en favor del sector frutícola, lo mismo que para cualquier otro sector productivo, será a partir de la acreditación expresa del cumplimiento fehaciente de las obligaciones laborales, incluyendo la seguridad, salud y el alojamiento de los trabajadores desplazados.

De esta forma, la recogida de la fruta, al igual que el resto de actividades, deberá adaptarse al contexto sanitario que la situación epidemiológica determine en cada momento y colaborar con las autoridades, sabiendo que el desarrollo de la actividad puede quedar condicionado.

RESPONSABILIDAD Y PRODENCIA

Desde el Gobierno han llamado a la responsabilidad y prudencia para que, en ningún caso, se efectúen llamamientos públicos que, como ocurrió el año pasado, ni siquiera respondan a necesidades reales de trabajo ni a las posibilidades de alojamiento.

"Es preocupante que ya se hayan empezado a dar cifras irreales de 30.000 empleos, que ni siquiera se necesitarán en plena campaña durante los meses de julio y agosto", ha señalado Olona, al tiempo que ha recordado que en los citados dos meses de más actividad no se requieren en la Comunidad más de 15.000 empleados.

Asimismo, Olona ha remarcado que la orden refleja la firmeza que el Gobierno de Aragón va a exigir a los fruticultores "como empleadores y con independencia de que sean grandes, pequeños o medianos, el cumplimientos estricto de sus obligaciones en materia laboral y en materia de seguridad y salud".