La Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias acordó este jueves con patronal y sindicatos el anunciado plan de choque para la dependencia, que estará dotado este año con una inyección de 600 millones de euros –que irá a parar a las arcas de las comunidades– para un sistema muy depauperado desde los recortes de 2012. Y parte de ese dinero se invertirá en que el botón de teleasistencia llegue a todos los hogares con personas que tengan reconocida la dependencia para el año 2022.

Así figura en el documento pactado entre el Gobierno y los agentes sociales, al que ha tenido acceso 20minutos.es y que será previsiblemente aprobado este viernes en la reunión que mantendrá Iglesias con los responsables de servicios sociales de las comunidades. Dicho acuerdo establece como objetivo que la inyección económica estatal se incremente en 600 millones en 2022 y en la misma cantidad en 2023, para que el porcentaje que pone el Estado para financiar la dependencia se acerque al 50%. No obstante, la cantidad que se destine finalmente cada año dependerá de lo que se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado.

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La inyección económica también estará destinada a mejorar la prestación de los servicios de cuidado de dependientes, si bien la concreción de los programas a los que destinar los fondos depende de las comunidades, que son las que gestionan la dependencia. Lo mismo ocurre con otra de las metas que se plantean: mejorar las condiciones laborales del personal y, según se establece específicamente, también su cualificación. Para este segundo objetivo se emplearán parte de los fondos europeos comprometidos a España para los próximos seis años.

Gobierno, patronal, sindicatos y comunidades también acordarán regular la figura del "asistente personal", el empleado que ayuda a la persona dependiente que vive en su domicilio. En la actualidad, esta figura se encuentra en un limbo legal que provoca que en cada comunidad se gestione de una manera, y el Ejecutivo quiere establecer un marco común para todas. El documento también recoge que "se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar", una cuantía que algunas comunidades entregan a las familias para ayudarles en los gastos que genera el cuidado del dependiente.

El acuerdo incluye un calendario de puesta en marcha de las medidas. En febrero, por ejemplo, las comunidades tendrán que entregar planes específicos para reducir las listas de espera de la dependencia a través de la mejora de los procedimientos administrativos, mientras que en el primer semestre del año deberá abordarse la "revisión de los copagos" que tienen que abonar los dependientes.Cada comunidad tendrá hasta junio para hacer una evaluación de las mejoras que necesita su sistema de dependencia, que deberá aplicar en 2022 y 2023.