Orden de alejamiento para el hombre al que Iglesias y Montero acusan de acoso

Agentes de la Guardia Civil en los alrededores de la vivienda de Iglesias y Montero en la localidad de Galapagar.
Agentes de la Guardia Civil en los alrededores de la vivienda de Iglesias y Montero en la localidad de Galapagar.
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Un juez de Collado Villalba ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros para Miguel F., el hombre al que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero han denunciado por acoso por su continua presencia frente a su domicilio en la localidad madrileña de Galapagar.

El juez ha acordado esta medida cautelar a propuesta de la Fiscalía tras la declaración del acusado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba, según han indicado a Efe varias fuentes presentes en la misma.

En concreto, el juez ha dictado orden de alejamiento de 500 metros respecto al domicilio o al lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante el tiempo que dure la instrucción judicial, además de impedirle comunicarse con ellos por cualquier medio o a través de personas interpuestas.

Ha atendido de ese modo a la petición del representante de la Fiscalía, porque la acusación que ejercen los miembros del Ejecutivo pedía que el alejamiento fuera de tres kilómetros.

Iglesias y Montero ratificaron ayer la denuncia que interpusieron contra Miguel F. por los delitos de acoso, coacciones, desobediencia a la autoridad y revelación de secretos. El vicepresidente y la responsable de Igualdad aseguraron sentir "miedo" y explicaron al juez que en ocasiones las protestas despiertan a sus hijos. En sus testimonios, desvincularon lo que ocurre en las puertas de su domicilio con los escraches políticos.

En su defensa, Miguel F. ha argumentado que simplemente ha ejercido su derecho a la protesta, descontento por la actuación de Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno en la gestión de las residencias y en otros aspectos relacionados con la pandemia.

En su declaración, en la que se ha negado a responder al fiscal y a la abogada de los demandantes, el acusado ha reconocido que se subió a una roca a grabar el interior de la vivienda de Iglesias y Montero y ha admitido que acude reiteradamente con pancartas al domicilio, consciente de que allí viven tres menores. 

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