Las grandes inmobiliarias han recibido como una noticia "positiva" la posibilidad de recibir una compensación por el perjuicio que les ocasione la suspensión de los desahucios, pero siguen temiendo el efecto llamada a la ocupación de viviendas que pueda generar la protección del decreto antidesahucios a las familias sin contrato.

Así lo ha señalado a la vista del último borrador del decreto, Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties (la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes, y que preside el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos.

El Gobierno acelera para aprobar el martes un decreto antidesahucios con compensaciones a grandes propietarios

A la espera de cómo quede finalmente el decreto, Toribio ha explicado que la preocupación de los grandes propietarios se centra en estos momentos en la "ocupación", porque "puede suponer un efecto llamada que no le interesa al mercado en sí ni a España como sociedad".

Tras defender que los propietarios, tanto profesionales como particulares, han llevado a cabo durante la pandemia medidas de ayuda a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, ha sostenido que "no es lo mismo adoptar medidas para familias que lo están pasando mal por el covid que para los okupas ilegales".

La última propuesta de decreto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) permite a los jueces suspender desahucios de familias sin contrato de arrendamiento, durante tres meses o mientras dure el estado de alarma.

Toribio cree que esa "expropiación" temporal de las viviendas puede provocar una "oleada de demandas que genera mucha ligitiosidad e inseguridad, lo que va en contra de las necesidades del mercado".

Sobre las compensaciones a los propietarios, la directora de Asval recuerda que quedan flecos por cerrar y que no es lo mismo que estas se calculen en función del índice de precios de alquiler que de la renta pactada.