El concejal de Seguridad de Benidorm, en libertad tras ser detenido en la operación contra la mafia rusa

El concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm (Alicante), Lorenzo Martínez (PP), ha sido puesto en libertad tras haber sido detenido en el marco de la operación contra la mafia rusa dedicada al blanqueo de capital llevada a cabo en la zona de la Marina de Alicante, en la que se arrestó a 23 personas. Tanto el arresto como la puesta en libertad se produjeron el mismo lunes.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha confirmado esta detención y puesta en libertad y ha salido en defensa de su edil. Según Pérez, la intervención del concejal en los hechos que se investigan "carece de relevancia de ningún tipo" y ha recalcado que "más allá de la detención inicial" se produjo "una inmediata puesta en libertad, sin que la instrucción necesitara siquiera de que el juez de guardia tomara la decisión".

Además de mostrar respeto por la independencia judicial, Toni Pérez ha reiterado, en nombre del Ayuntamiento, su "apoyo" hacia Lorenzo Martínez puesto que ha hecho hincapié en que, con la información de que se dispone, la intervención del edil en los delitos que se investigan "parece ser absolutamente nula".

Aún así, Pérez ha pedido "prudencia" y ha expresado su deseo de que las circunstancias se esclarezcan "cuanto antes", al tiempo que ha confirmado que el concejal de Seguridad "sigue en sus tareas de forma ordinaria" y el mismo lunes "ya estaba trabajando de nuevo".

También ha trasladado, tras haber hablado con el concejal, que se encuentra "muy tranquilo y confiado en la Justicia y en el trabajo de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado".

LA OPOSICIÓN PIDE RETIRAR COMPETENCIAS

Sin embargo, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Benidorm, PSPV y Cs, han comparecido en rueda de prensa para pedir explicaciones al alcalde sobre la detención.

Los portavoces de PSPV, Rubén Martínez, y Cs, Juan Balastegui, han considerado que el alcalde debía haber apartado de sus competencias al edil "de forma inmediata" hasta que se esclarezcan las circunstancias de su intervención en el caso investigado.

Tanto Martínez como Balastegui han dicho "respetar la presunción de inocencia" y por eso precisamente, a preguntas de los medios de comunicación, han explicado que no iban a pedir la dimisión del concejal.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, José Chulvi, en relación con esta detención y la de un exconcejal también 'popular' de Altea, ha reclamado al actual presidente del PP en la provincia de Alicante, Carlos Mazón, "explicaciones urgentes sobre el caso que afecta a relevantes cargos institucionales a nivel local de su partido".

"Ante una noticia tan alarmante, y que nos retrotrae a actuaciones oscuras del PP en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Alicante, no hemos escuchado ni una sola palabra ni de Carlos Mazón, presidente del PP en la provincia, ni de Toni Pérez, alcalde de Benidorm y número dos provincial del PP", ha denunciado Chulvi en un comunicado. El PSPV-PSOE recuerda que tanto Mazón como Toni Pérez, secretario general del PP en la provincia, son las "cabezas visibles" de los populares en la provincia.

La operación contra la red dedicada al blanqueo del dinero de mafias de origen ruso desveló que la estructura criminal tenía conexión con algunos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que entre los 23 detenidos figuran tres agentes, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. Se trata de un inspector de la Policía Nacional y dos guardias civiles, entre ellos el teniente jefe en Altea (Alicante).

La investigación de la Policía Nacional junto a la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada, con autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, comenzó en 2013 y se centró en gran parte en Altea, lugar en el que tenía negocios inmobiliarios un abogado que también figura entre los arrestados, así como varios empresarios de origen ruso.

La red planeaba controlar "sectores claves de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado", contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.

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