La patronal de la industria alimentaria ha calificado de "injusta y discriminatoria" la subida del IVA a los refrescos incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que el Gobierno ha enviado a Bruselas y que eleva el tipo a aplicar del 10 al 21%.

"La medida va a retraer de manera considerable el consumo (...) y va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis", han advertido este viernes los responsables de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

En un comunicado, la patronal ha censurado la actitud del Ejecutivo por considerar que la decisión de gravar con un tipo más alto las bebidas azucaradas y edulcoradas "sólo tiene un efecto recaudatorio", mientras que el Gobierno habla de una subida disuasoria dirigida a favorecer "hábitos más saludables".

"Estas medidas no cambian hábitos y además no tienen ningún efecto probado sobre la salud ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial", ha argumentado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien también ha apuntado que se trata de una "gran falta de sensibilidad con un sector como el de la hostelería, gravemente afectado por la pandemia". 

"Tiene un claro componente ideológico"

Por su parte, los fabricantes de refrescos consideran que la medida anunciada  tiene un "claro componente ideológico" detrás y perjudicará gravemente a un sector tan golpeado por la pandemia como la hostelería.

La patronal del sector, Anfabra, ha criticado este viernes la inclusión de dicha subida impositiva en el proyecto de Presupuestos  para 2021 y ha asegurado que para bares y restaurantes puede suponer "la puntilla", por sus previsibles efectos negativos en el consumo. 

En este sentido, han recordado que la hostelería "reclama una bajada del IVA (del 10 al 4 %) que ayude a paliar las pérdidas provocadas por las constantes restricciones y los cierres, tal y como están haciendo otros países".

"Es injusto, discriminatorio y con un claro componente ideológico. Se trata de un duro golpe a la hostelería, al consumidor y a la industria de bebidas que paga impuestos en España (más de 500 millones de euros al año) y contribuye a la activación de la economía", han asegurado desde Anfabra, que agrupa a Coca-Cola, Pepsico o Schweppes, entre otras compañías.