El duro enfrentamiento que están teniendo el Gobierno central y el Gobierno autonómico de Madrid a cuenta de las medidas de confinamiento para frenar la pandemia de coronavirus en Madrid no sólo cede, sino que se está endureciendo. Este sábado, las dos cabezas visibles de ambas partes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han añadido más leña al fuego.

El presidente del Gobierno, de visita en Portugal, no ha eludido acusar directamente a Ayuso de la situación creada. Sánchez ha recalcado que, "sorprendentemente", la presidenta madrileña no invocó una ley de 1986 que habría dado cobertura legal a lo confinamientos perimetrales.

Por eso, "teníamos que dar una respuesta ante esta situación porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados", ha dicho Sánchez, que en definitiva no ha ocultado la sospecha de que el gobierno madrileño podría no haber actuado correctamente a sabiendas, con el objetivo del que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbara las medidas que se vio obligada a tomar y que recurrió.

"Ha habido otras resoluciones de otros tribunales que invocan la ley de 1986 que no hizo la Comunidad de Madrid sorprendentemente en esta última cuestión ante el TSJM, pero sí en las seis resoluciones anteriores", ha apuntado sobre la ausencia de una referencia legal que "permite actuar con amparo jurídico sólo ante confinamientos perimetrales".

Ayuso sigue en sus trece

Por su parte, Ayuso este sábado ha seguido insistiendo en su postura. Lo ha hecho a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.

"Desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias. Nuestras medidas, moderadas y técnicas, funcionaban", escribió la presidenta madrileña.

"Hoy (sábado) la Comunidad de Madrid ya tiene una IA (incidencia acumulada) por debajo de 500 (el indicador del Gobierno). Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid", ha concluido Ayuso en su mensaje.

Las posturas siguen enconadas, sin que se atisbe ningún acuerdo. Queda por ver cuáles serán los siguientes pasos en esta guerra de declaraciones y pareceres entre el Ejecutivo central y el autonómico madrileño.