Anticorrupción pide 77 años de cárcel más para los líderes de la Gürtel por delitos fiscales

Los acusados Álvaro Pérez 'El Bigotes' (i), Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (d) al comienzo del juicio por la supuesta contratación irregular de una empresa de Gürtel para actos celebrados por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 que se
Álvaro Pérez 'El Bigotes', Francisco Correay Pablo Crespo, tres de los implicados en la trama Gürtel.
Pool - Archivo

La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los tres y los 77 años de cárcel para los líderes de la trama Gürtel por delitos fiscales, en el escrito de acusación de la última de la macrocausa. Así, el cabecilla, Francisco Correa y su "número dos", Pablo Crespo, se han topado con una solicitud de condena que oscila los 77 años de prisión, mientras que el contable de la trama José Luis Izquierdo, podrá enfrentarse a una de 74.

La acusación, dirigida contra 26 personas por un total de 23 delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, ha afirmado que, al menos el año 1998 hasta el estallido del caso, en febrero de 2009, Correa consiguió el ahorro fiscal ilícito de 24.835.533,40 euros. Todo ello a través del uso del dinero en efectivo que integró en la 'caja B' de sus empresas y mediante un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.

De esta manera, la representante del Ministerio Público ha explicado que el líder se sirvió de las empresas de organización de eventos y viajes domiciliadas españolas "tanto para obtener contratos públicos, sobornando a distintos cargos públicos, como para ocultar dichos pagos", así como sus propios gastos personales. Una ilegalidad elaborada a partir de facturas falsas.

Por otro lado, Correa desarrolló otra operativa para invertir su patrimonio y disfrutar del mismo ocultando su verdadero origen y su titularidad frente a terceros, incluido Hacienda. Así, constituyó entramados financieros y societarios en el extranjero y en España a través de los cuales ocultó tanto lo percibido por su intermediación en adjudicaciones irregulares como distintos ingresos por la prestación de servicios.

Las penas

A parte de los tres implicados ya mencionados, entre los 26 acusados se encuentra la que fuera administradora de las empresas de Correa, Isabel Jordán, para la que piden 21 años de prisión; sus asesores financieros, Ramón BlancoBalín, que se enfrenta a 31 años de prisión, y Luis de Miguel, que afronta la petición de 27 años de cárcel; o los empresarios Jacobo Gordon o José Luis Ulibarri, para quienes solicitan 23 y 14 años de prisión, respectivamente.

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