La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a los consejeros autonómicos que para el año que viene las comunidades podrán elevar su déficit desde el 0,1% del PIB que estaba fijado al 2,2%. Se trata de 2,1% más que permitirá que las comunidades cuenten prácticamente con los mismos recursos económicos que han necesitado en 2020 para hacer frente a la pandemia, unos 115.000 millones de euros. En esta cifra está incluido un nuevo fondo Covid para las comunidades sobre el que ministra y consejeros no han consensuado un modo de reparto. Montero proponía que sea en base a los criterios de la financiación autonómica y algunos gobiernos regionales, que con los mismos criterios que los 16.000 millones del primer fondo Covid, para gasto sanitario educativo y por caída de ingresos.
Montero ha comunicado a los consejeros que la "tasa de referencia" del déficit para 2021 será el 2,2% del PIB en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)en el que ha asegurado que prácticamente todos se han mostrado de acuerdo en elevar el déficit previsto 2,1 puntos. Este aumento del gasto para las comunidades es la consecuencia autonómica de la decisión de suspender las reglas fiscales que anunció Montero la semana pasada, después de que la Comisión Europea decidiera mantener en suspenso el Pacto de Estabilidad también en 2021 para ayudar a los países de la UE a capear la pandemia.
Como las comunidades autónomas, tampoco la Administración central tendrá tope de déficit para 2021 y Montero ha vuelto a evitar decir qué "tasa de referencia" -de déficit no obligatorio- planteará para todo el Estado a la Comisión Europea en el plan presupuestario que tiene que enviar en Bruselas como muy tarde el 15 de octubre. De momento, está previsto que este martes el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto, que normalmente iría junto a una senda de déficit que, para protesta del PP, el Gobierno no aprobará este año ni someterá a votación en el Congreso.
Montero ha insistido, en todo caso, en que el déficit del 2,2% es "orientativo" y en modo alguno obligatorio, "solo referencia para poder elaborar los presupuestos y por control interno" por parte de las comunidades. Ha asegurado que no tendrán que presentar planes de ajuste si lo superan ni tampoco serán penalizadas, por ejemplo, a la hora de poder endeudarse vía el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) o saliendo directamente a los mercados.
"No vamos a exigir ni ajustes ni recortes, pero sí una responsabilidad fiscal acorde con nuestro compromiso de sostenibilidad de las cuentas a medio plazo", ha dicho. Según ha dicho, el 2,2% del PIB solo será una referencia para la deuda pública que necesitará emitir el Tesoro el año que viene para captar recursos que precisen las comunidades.
Lo que sí ha apuntado la ministra es que, a pesar del aumento de gasto público permitido para 2021, no hay que perder de vista la "consolidación de las cuentas públicas a medio plazo", es decir, la necesidad de volver a reducir el déficit en cuanto la situación de la pandemia lo permita. De momento, la Comisión Europea no ha comunicado que vaya a suspender las reglas fiscales en 2022 como ha hecho en 2020 y 2021, de manera que, hasta nueva orden, habrá empezar a reducir gasto para dentro de dos años. Sin embargo, Montero ha asegurado que ella va a empezar ya en los Presupuestos de 2021, en los que sin embargo se espera un aumento del gasto público sin precedentes.
Mismos recursos que en 2020
Según ha explicado Montero, las comunidades contarán en 2021 con los mismos recursos que han necesitado en 2020 para hacer frente a la pandemia, más de 115.000 millones de euros que salen de sumar 113.729 millones de entregas a cuenta y liquidación de impuestos. La diferencia son 1.900 millones que se han sumado también y dan como resultado una "tasa de referencia" del déficit del 2,2% del PIB autonómico para que la diferencia entre los ingresos de 2020 y 2021 "no tengan que provocar ajustes o recortes por ese importe de menor cuantía", ha expuesto la ministra.
El déficit del 2,2% del PIB que Montero ha propuesto a las comunidades es el resultado de sumar el desvío del objetivo de 0,2% que tenían marcado para 2020 a causa de un mayor gasto por la pandemia y elevarlo al 0,5 ó 0,6%, más el 1,4% que representa el fondo Covid de 2020 de 16.000 millones y el 0,2% de los 1.900 millones de diferencia con los ingresos de 2020 y que el Gobierno también permite compensar vía déficit en 2021.
En todo caso, Montero ha insistido en que este 2,2% es tan optativo que ni siquiera es un objetivo de déficit, sino una "tasa de referencia" que las comunidades puede superar sin enfrentarse ni a penalizaciones a la hora de recurrir al FLA o tener autorización del Estado para endeudarse. En todo caso, Montero ha anunciado este lunes que el Gobierno central asumirá la mitad de la deuda que generen las comunidades el año que viene, el 1,1% del total del 2,2% del PIB.
Desacuerdo sobre el nuevo fondo Covid
Dentro de estas cifras se incluye un nuevo Fondo Covid, un "fondo Covid 2", dotado en esta ocasión de 13.400 millones de euros y sobre cuyos criterios de reparto no ha habido acuerdo este lunes. En todo caso Montero ha insistido en que este 2,2% es tan optativo que ni siquiera es un objetivo de déficit, sino una "tasa de referencia" que las comunidades puede superar sin enfrentarse ni a penalizaciones a la hora de recurrir al FLA o tener autorización del Estado para endeudarse. En todo caso, Montero ha anunciado este lunes que el Gobierno central asumirá la mitad de la deuda que generen las comunidades el año que viene, el 1,1% del total del 2,2% del PIB.
Montero ha propuesto que se distribuya en función de los criterios del sistema de financiación autonómica, pero comunidades muy perjudicadas por él o muy afectadas por la pandemia se han opuesto, aun siendo sus presidentes de un mismo partido político. En su lugar, han pedido que el reparto se haga en función de los mismos criterios del primer fondo Covid, es decir, para gasto educativo, sanitario y para paliar la caída de recaudación. Ante la evidencia de que "en el CPFF no puede haber unanimidad" sobre este tema, la ministra ha optado por trasladar la decisión a los partidos políticos en el Congreso, como ya hizo con el fondo de 16.000 millones que se reparte este año.
Senda de desequilibrio y entregas a cuenta aseguradas
El acuerdo ha sido general pero no unánime. Por ejemplo, el consejero de Hacienda de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha advertido de que el permiso a las comunidades para elevar el déficit -al 2,2 del PIB o lo que consideren- "abre una senda de desequilibrio en las cuentas públicas que puede tener consecuencias muy negativas para España".
El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, había llegado al CPFF telemático de este lunes pidiendo que las entregas a cuenta "se mantengan en 2021 como en 2020" y con dudas sobre la existencia de "mecanismos de financiación adicional", algo que parece que incluye la propuesta que Montero ha presentado a los consejeros.
Por su parte, la secretaria catalana de Finanzas Públicas, Natalia Màs, ha dado la bienvenida a la suspensión de las reglas fiscales, aunque el aumento de déficit que como consecuencia les ha explicado este lunes Montero "llega tarde", ya que la Comisión Europea ya suspendió la aplicación del Pacto de Estabilidad en 2020. "Hace meses que pedimos al Estado español que las suspenda, que son incompatibles con el apoyo fiscal que se necesita hacer".
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