El Gobierno incluirá en los curriculum educativos de Secundaria y Bachillerato materias para que los alumnos estudien el "pasado democrático", es decir, anterior a la dictadura y la "lucha por la democracia" que se libró durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de los aspectos que incluye el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes y que prevé también la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo que investigará violaciones de los derechos humanos desde el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución, en 1978.

Esta nueva fiscalía será para la "investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la aprobación de la Constitución", en 1978 y sus funciones serán "de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados".

Fuentes del Gobierno indican que será una "fiscalía potente" a la que va a entender sobre desaparecidos o personas que están siendo buscadas por sus familias. De hecho, añaden que existirá la posibilidad de que, por ejemplo, quienes han recurrido a la justicia de Argentina para procesar a responsables de violencia durante el franquismo puedan emprender también esa vía en España. Sobre si el funcionamiento de esta Fiscalía pudiera entrar en colisión con la ley de amnistía de 1977, las fuentes aseguran que la ley la faculta para investigar violaciones de derechos humanos, en virtud de los acuerdos internacionales de derechos humanos que ha firmado España.

Según el texto del anteproyecto, esta nueva fiscalía podrá practicar diligencias y ejercer sus funciones en cualquier proceso, exigiendo responsabilidades cuando se refieran a hechos de la Guerra Civil y la dictadura y violaciones de derechos humanos incluyendo los que tuvieron lugar antes de la Constitución" de 1978.

La posibilidad de investigar crímenes cometidos desde el 1936 hasta el 1978 es una de las novedades de una ley el Gobierno quiere que introduzca la memoria democrática y el estudio de lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la dictadura en las escuelas y en la formación de los profesores.

Memoria en ESO y Bachillerato

De acuerdo a lo que ha explicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la inclusión de materias relativa a la Memoria Democrática dentro del curriculum escolar de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato se hará por medio de la nueva Ley de Educación que se tramita en estos momentos en el Congreso. También figurará en la formación más temprana de los docentes.

En este momento, la II República, la Guerra Civil o el franquismo se incluyen en la asignatura de Historia y Calvo ha adelantado que se van a "actualizar contenidos" que incidan sobre unos temas que, de manear más amplia, deberán ser "elemento capital" de los "valores" que se inculquen a niños y adolescentes en los centros escolares. Se incluirá el "conocimiento de la historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas".

"Nunca más requiere decir que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia siempre". ha dicho Calvo sobre el principio -"nunca más"- sobre el que se asienta en proyecto de ley aprobado este martes por el Gobierno.

Por otra parte, el Gobierno propone un régimen sancionador que pueda multar con hasta 150.000 euros para quienes enaltezcan la dictadura o a Franco o lleven a cabo acciones que menosprecien o "humillen" a las víctimas.

Estos son algunos de los aspectos del un anteproyecto  de ley que enmienda -"eleva el foco", apunta el Gobierno- a la Ley de Memoria Histórica de 2007, empezando por su nombre. Según ha explicado Calvo "memoria histórica" puede ser "muchas  cosas" y de lo que se trata es de "acotar" a "la lucha por nuestra libertad y derechos". La nueva ley se circunscribirá a II República, la Guerra Civil y la dictadura. Según Calvo, tiene dos objetivos fundamentales, "la defensa y el conocimiento de nuestro pasado democrático" y "el reconocimiento, la reparación, dignidad y justicia de las víctimas".  

Con la aprobación este martes del anteproyecto de ley, se abre ahora un proceso que pasará en primer lugar por una consulta pública y la petición de informes al CGPJ y al Consejo Fiscal. Después, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley, que el Gobierno espera que pueda remitirse al Congreso a principios de año. El objetivo es que la nueva ley de Memoria Democrática pueda entrar en vigor a mediados del año que viene.

Fundación Franco

Tiene pocas posibilidades de no terminar siendo ilegalizada. Por una parte, porque la ley no permitirá que ninguna asociación pública o financiada con recursos públicos pueda dedicarse a la "exaltación" o "enaltecimiento" de la dictadura o del dictador. "No se puede invertir recursos públicos nada menos que en la promoción del totalitarismo, con la ley llegamos un mandato muy preciso de que no podrá ser posible", ha dicho Calvo.

Pero también incluso aunque la Fundación Franco renunciase a las subvenciones públicas no sería suficiente. La ley contempla una modificación de la Ley de Asociaciones que excluirá del concepto de "interés general" por el que se permite su creación cuestiones como la apología del franquismo, la incitación directa o indirecta del odio a las víctimas o sus familias. El Gobierno apunta que estas cuestiones serán contrarias al "interés general" y por los que podrá plantearse la "extinción" de una entidad como la Fundación Franco. En este caso, será el Ministerio de Cultura el que tendrá que incoar el expediente para que así sea.

La Fundación Franco, ha dicho Calvo, deberá "tomar sus decisiones cuando considere oportuno".

Valle de los Caídos

Franco sale del Valle de los Caídos 44 años después

De momento, será reconvertido en un cementerio civil del que los familiares que lo deseen podrán reclamar los restos de sus allegados. Quedará bajo la gestión de Patrimonio Nacional.

También será inmediata, con la entrada en vigor de la ley, la "extinción" de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que se creó durante el franquismo y que es el paraguas de la comunidad de monjes benedictinos que gestionan la abadía y que tan beligerantes fueron contra la exhumación de los restos de Franco. "Con la ley queda extinguida la fundación", afirman fuentes de Gobierno.

Más a medio plazo, el Gobierno a iniciado una "reflexión" para "resignificar" el Valle de los Caídos.  Sin una indicación concreta sobre si finalmente se terminará derribando la gran cruz de lo preside, el Gobierno dice que el fin primero debe ser "explicar" lo que fue y significó.

Los planes del Gobierno "pasan por dar a conocer el proceso de construcción, el proceso histórico y situarlo como un elemento fundamental del nacionalcatolicismo", apuntan fuentes oficiales, que este martes no aclararon qué pasará con la cruz. No tienen "la menor duda" de que también es un "símbolo fundacional del nacionalcatolicismo" pero su futuro se abordará "más tarde".

Dentro de este proceso de "explicación" de lo que significa el Valle de los Caídos, el Gobierno también quiere poner la lupa en las empresas que lo construyeron, mediante trabajos forzados. Se hará un "inventario" de las compañías que participaron con la finalidad de ofrecerles la posibilidad de que lleven a cabo alguna actividad de reconocimiento o reparación para con las victimas.

Exhumación de fosas

La principal novedad con respecto a la Ley de Memoria Histórica es que será el Estado quien, a través de las distintas administraciones, correrá con los gastos y con el trámite de la exhumación de fosa comunes. De esta forma, las partidas que puedan incluir los Presupuestos Generales del Estado para las asociaciones de víctimas o actividades relacionadas con la Memoria Democrática no serán para exhumaciones, que correrán a cargo del Estado.

El anteproyecto no incluye una cifra del dinero que será necesario y, como fase previa, la norma contempla elaborar un mapa de fosas para saber cuántas hay y los restos de cuántas personas podrían ser exhumados de ellas.

Fuentes del Gobierno dicen que esta es una tarea que "corre prisa" y que hasta que entre en vigor la ley ya se ha arbitrado un procedimiento "de transición" mediante una partida de subvenciones de 750.000 euros que se aprobó hace unos días para exhumaciones que controlará directamente la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Identificación de  víctimas

El anteproyecto de ley contempla la creación de un banco de ADN para identificar adecuadamente los restos que se encuentre en las exhumaciones y un "censo de víctimas".

Condenas franquistas

La futura ley de Memoria Democrática declarará "nulas de pleno" derecho todas aquellas condenas dictadas por tribunales franquistas por motivos ideológicos. Por ejemplo, el proceso por el que pasó el presidente de la Generalitat catalana Lluís Companys, en el que fue condenado a muerte y ejecutado.

"Los consideramos nulos de pleno derecho, nuestro ordenamiento constitucional no puede reconocer la muerte de quienes fueron sometidos a juicios sin ningún tipo de garantía, condenados y ejecutados de manera indigna", ha dicho Calvo.

Títulos nobiliarios

"Se plantea la retirada de títulos nobiliarios que tienen que ver con distinciones a personajes imprescindibles para el golpe de estado, la llegada dela dictadura, la represión y todo la represión en este espacio de tiempo", ha explicado Calvo sobre la retirada de títulos nobiliarios que otorgó Franco. Son 36 en total y según ha dicho, se salvarán algunos , "muy pocos", que se debieron a un reconocimiento de tipo científico académico.

Panteón de España y otros reconocimientos

La vicepresidenta ha advertido que la ley de Memoria Democrática tendrá una "perspectiva de género" para terminar con la "invisibilidad histórica" de las mujeres que también lucharon por la democracia o que fueron represaliadas por ser parejas de determinados hombres.

Una de las vías será cambiar el nombre del "Panteón de hombres ilustres" por el "Panteón de España", que reconocerá a hombres y mujeres con una importante contribución política, científica o de otras disciplinas y al que accederá, por ejemplo, Clara Campoamor, a la que ha citado Calvo este martes.

La norma también quiere reconocer al colectivo gitano, que también sufrió la represión y a todos los que también la padecieron por su orientación sexual. 

Como ya había anunciado el Gobierno, se incluirán dos fechas de homenaje en el calendario. El 31 de octubre será el día de "las víctimas del golpe de Estado, de la dictadura y el exilio" y el 8 de mayo homenajeará "la lucha de los antifascistas españoles", como hacen buena parte de países europeos.

Archivos

Un aspecto importante dentro de la ley tendrá que ver con los archivos sobre el golpe de estado y la dictadura, aunque de momento el Gobierno no tiene instrumentos para que uno de los mejor surtidos, el de la Fundación Franco, pase a manos del Estado.

La ley establece la necesidad de proteger los archivos hasta 1978 , garantizar el acceso  a investigadores y también a familiares y también para poder hacer mapas de fosas y conocer historias que deban ser investigadas. "Se protegen los de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política, así como se garantiza el derecho de acceso a dichos fondos documentales", informó el Gobierno.

Además, Calvo ha dicho que se intentarán traer a España los archivos que fueron de "personas insignes del exilio" y que se encuentran fuera de España.

Multas

La ley incluye un régimen sancionador con multas por infracciones "leves, graves y muy graves" y con una multa máxima de 150.000 euros. Entre las conductas sancionables -como falta grave-figura acudir a una manifestación con banderas franquistas y proferir proclamas que atenten contra la dignidad de las víctimas.

Las infracciones muy graves serán multadas con entre 10.000 y 150.000 euros y entre ellas figura el traslado de restos de víctimas de la Guerra Civil o la dictadura sin autorización administrativa, destrucción de fosas de víctimas o destrucción o menoscabo de lugares declarados de memoria democrática. También la falta de adopción de medidas necesarios para impedir o poner fin en lugares públicos actos de exaltación de la guerra o la dictadura "que entrañen menosprecio" a las víctimas o realizar actos o campañas de publicidad que inciten  la exaltación.

Serán consideradas faltas graves aquellas del mismo tipo que las anteriores, pero en "menor medida". Tendrán multa de entre  2.000 y 10.000 euros. Las faltas leves se castigaran con entre 200 y 2.000 euros.