El rey emérito, Juan Carlos I, ha comunicado al rey Felipe VI su decisión de abandonar España para "prestar el mejor servicio a los españoles y a las instituciones" y, según diversas fuentes, ya está fuera del país, aunque se desconoce el destino. 

El que fuera rey de España desde 1975 hasta su abdicación, en 2014, ha atribuido, en un comunicado hecho público este lunes por la Casa Real, su decisión a la "repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada", en referencia a las noticias aparecidas recientemente que vinculaban al monarca con un supuesto cobro de comisiones ilegales y evasión fiscal.

El rey Felipe VI, por su parte, ha aceptado la decisión en el mismo comunicado remarcando "la importancia histórica que representa el reinado de su padre", al que sucedió en el trono hace seis años.

En su comunicado, el rey emérito ha expresado a Felipe VI que busca "contribuir a facilitar el ejercicio" de las funciones del actual rey, tal y como le exige su "legado" y su "propia dignidad como persona" y ha expresado su deseo de "dejar de desarrollar actividades institucionales".

Investigado por la Fiscalía del Supremo

La Audiencia Nacional reabrió el 27 de julio la investigación sobre las revelaciones sobre supuestas actuaciones ilegales de Juan Carlos I realizadas por Corinna Lasrsen, una empresaria alemana conocida por su amistad con el rey emérito.

Las declaraciones de Larsen, realizadas en 2015, aparecieron en una cinta grabada por el excomisario José Manuel Villarejo, que fue intervenida en la operación Tándem en noviembre de 2017 y en la que se hablaba de cuentas en Suiza y de presuntas comisiones concedidas a Juan Carlos I.

El pasado 15 de marzo, el rey Felipe VI decidió renunciar a su herencia personal y eliminar la asiganción oficial de su padre diez días después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera a Suiza investigar una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña vinculada al rey emérito a una cuenta de Larsen.

La Fiscalía del Supremo asumió la investigación el 8 de junio para dilucidar si, tras los supuestos delitos, hay relevancia penal, toda vez que tuvieron lugar después de 2014, es decir, cuando la figura del monarca ya no es inviolable.

El abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco Mans, ha defendido, a través de un comunicado, que la decisión de abandonar el país no tiene relación con la investigación judicial de la Fiscalía del Tribunal Supremo y ha subrayado que Juan Carlos I está "a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".

Una ruptura en tres partes

De esta forma, el monarca que encabezó la jefatura del Estado durante la transición de la dictadura franquista a la democracia culmina un proceso de alejamiento de la primera línea institucional iniciado en 2014, cuando abdicó a los 76 años tras uno de los reinados más largos de la historia de España.

A pesar de haber superado la crisis generada por su polémico viaje a Botsuana en 2012, desvelado porque sufrió una ruptura de cadera y tuvo lugar en plena crisis económica en el país, Juan Carlos I optó por ceder el trono a su hijo el 2 de junio de 2014, en un periodo de estabilidad institucional previo a la ruptura del sistema de partidos que se produciría desde 2015.

El joven reinado de Felipe VI ha tenido que lidiar desde entonces con la aparición de nuevas informaciones comprometedoras sobre su padre, que, empleando una fórmula similar a la de este lunes, informó el 27 de mayo de 2019 que se retiraba de la vida pública de manera oficial.

Con la decisión de abandonar el país, tras la renuncia a la herencia por parte de su hijo en marzo, Juan Carlos I escenifica el tercer y definitivo paso de su ruptura con la institución que dirigió durante cuatro décadas, abandonando la residencia oficial que compartía con los actuales monarcas, aunque continuará manteniendo el título honorífico de rey emérito que le fue conferido por el Congreso de los Diputados de forma vitalicia.