El Pleno del Congreso votará este miércoles varios decretos ley aprobados por el Gobierno para, entre otros, prorrogar hasta el 30 de septiembre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis o la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.

Lee aquí el BOE del 27 de junio con el decreto que extiende los ERTE hasta el 30 de septiembre

En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución establece que cada decreto ley deba votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación, con la posibilidad también de que los grupos aprueben su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios a través de enmiendas.

Las prórrogas de las medidas laborales citadas son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.

Con el decreto ley aprobado el pasado 26 de junio, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.

Las empresas en ERTE no pueden contratar

La norma prohíbe a las empresas en ERTE la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos. Sólo podrán contratar o externalizar tareas si los trabajadores de su centro de trabajo no pueden por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas, realizar las funciones encomendadas al empleado que se contrata o a la externalización.

La nueva regulación que se da hasta septiembre extiende a los ERTE por causas objetivas la prohibición de acogerse a este procedimiento si la empresa tiene domicilio en un paraíso fiscal. Tampoco podrá repartir dividendos, salvo si abona previamente el importe de las exoneraciones disfrutadas. Esta limitación no será de aplicación a las empresas que, a 29 de febrero de este año, tuvieran menos de 50 trabajadores en plantilla.

Al mismo tiempo, se extiende el compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses a las empresas que realicen ERTE por causas objetivas. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTE, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de entra en vigor del nuevo decreto.

La norma mantendrá hasta el 30 de septiembre la "prohibición" que estableció el Gobierno al despido por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.

Prestación de autónomos

Por otro lado, ese decreto ley también contempla la prórroga hasta el 30 de septiembre de la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos que se habilitó a mediados de febrero para aquellos que tuvieran pérdidas de ingresos considerables, eximiendo de las cuotas a autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio.

Estas personas no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que, según Seguridad Social, supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.

Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen una cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre.

Fondo de respaldo a la gran industria

En ese misma norma se incluyó también la creación del fondo de reserva para garantías de entidades electrointensivas, con el que se busca respaldar a la gran industria en la compra de energía 'verde' a través de contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo ('PPA', por sus siglas en inglés).

Este fondo garantiza la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen consumidores electrointensivos y sienta las bases para que la relación entre el consumidor electrointensivo y la compañía eléctrica tenga un marco donde se vincule a plantas de energías renovables que promueven este tipo de fuentes de energía sostenible.

En concreto, el fondo para la industria electrointensiva está dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. La administración de la tesorería del fondo se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros y se designa como Agente Gestor a la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (Cesce).

Para que las industrias puedan obtener esas garantías para 'PPA', deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha.

Fondo de rescate a empresas

Por otro lado, el Congreso además tendrá que refrendar el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio que contempla una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos. La norma recoge una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para la realización de proyectos de inversión empresarial en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Este fondo nace con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la crisis, y está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un consejo gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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Plan Renove 2020

El decreto ley también incluye el nuevo plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de achatarrar uno antiguo, dentro del 'Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción' y conforme al criterio de neutralidad tecnológica, de forma que habrá ayudas también para modelos de combustión (diésel y de gasolina).

En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renove 2020 dará incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y de dar de baja uno antiguo, a los que se añadirán 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.

Estas ayudas están disponibles para las personas que hayan adquirido su vehículo, según las condiciones del plan, desde el pasado 16 de junio y la finalización de este programa será el 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos.

Moratoria hipotecaria al turismo

Junto a las anteriores medidas, el decreto ley incluye medidas de apoyo al sector turístico, para el que dispone un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico con una dotación presupuestaria del programa de 216 millones de euros para el ejercicio 2020 y la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

También la concesión a las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que no tengan carácter público y que generen actividad entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive) exoneraciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores fijos-discontinuos que incorporen a la actividad o de los que mantengan su ocupación.

Asimismo, contempla una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.

Fondo de 16.000 millones no reembolsable para las comunidades

Otro decreto ley que se votará en la Cámara Baja es el aprobado el pasado 16 de junio con los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable entre las comunidades autónomas para afrontar la crisis provocada por la pandemia. 

Distribuido en cuatro tramos, el último de ellos será de 5.000 millones, e irán destinados a paliar los efectos de las autonomías por la caída de ingresos. En este sentido, 4.200 millones de este último tramo se distribuirán según el peso de la recaudación de 2017, 2018 y 2019 con ajuste de población.

En el caso de las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra, tratarán bilateralmente con el Gobierno central la compensación que les corresponde en términos de déficit y deuda, y sí que se beneficiarán del resto de tramos: el destinado a Sanidad y el de educación.

En lo que respecta al paquete para Sanidad, el Gobierno dota un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesa el 35%. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40% al 45%.

El fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. La población de 0-16 años pesará el 80% y el 20% restante, la de 17 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre.

En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final del reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.

Por otra parte, el decreto ley también recoge el permiso a las comunidades autónomas que haya generado superávit en 2019 gastarlo para financiar el déficit del 2020. De este modo, el País Vasco, Navarra y Canarias, que son las únicas regiones con saldo positivo el pasado año, pueden disfrutar de esta medida.

Nueva regulación para las renovables

El Pleno del Congreso debatirá de la misma forma sobre el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 23 de junio con medidas para poner fin a la especulación en el acceso al sistema eléctrico con instalaciones renovables, con el control de los permisos de acceso, una moratoria de permisos y un nuevo sistema de subastas que se estrenará este mismo año y cuya variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

Con este decreto, el Gobierno busca poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica, 'pinchando' así la llamada burbuja de renovables, y asegurando que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes.

Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos, y que Gobierno la CNMC deben aprobar en un plazo de tres meses a partir de este decreto.

Actualmente, el número total de solicitudes suma más de 430.000 megavatios (MW), de los que únicamente 295.000 MW se consideran correctamente presentadas. Multiplican por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030.