El Gobierno celebrará este martes el primer Consejo de Ministro después del cese del estado de alarma decretado el pasado mes de marzo como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. 

En estos meses de confinamiento y desescalada, el Ejecutivo de coalición se ha reunido hasta en 19 ocasiones, tanto de forma ordinaria como extraordinaria, para aprobar medidas sobre todo relacionadas con la pandemia y destinada a minimizar su impacto económico y social en la población. 

No obstante, el Gobierno también ha estado avanzando en otros asuntos de interés para los ciudadanos, como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la nueva ley educativa o una norma para la protección de la infancia. 

Ingreso Mínimo Vital

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de mayo el Real Decreto-ley por el que se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El subsidio, de carácter permanente, tiene como principales la erradicación de la pobreza extrema y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de hogares con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales, el 17% más pobre de la población española.

La ayuda garantizará un ingreso base de 462 euros para hogares unipersonales y cuya cuantía crecerá en 139 euros mensuales por persona hasta un máximo de 1.015 euros por familia. Las familias monoparentales recibirán además un plus de 100 euros en la cuantía que se les asigne. El Gobierno prevé que la prestación puedan cobrarla 850.000 familias, lo que equivale a unos 2,3 millones de personas. Su coste será de unos 3.000 millones de euros anuales.

El requisito fundamental para acceder a la ayuda es que el hogar no supere los 462 euros al mes de ingresos propios, en el caso de un hogar unipersonal. En cuanto al patrimonio, se exigirá que sea inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, aunque también se incrementará según el número de miembros en el hogar. No se tendrá en cuenta la primera vivienda, si la hubiese.

Ley Rhodes

El anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la conocida como Ley Rhodes- James Rhodes es un conocido pianista británico afincado ahora en Madrid que ha hecho público que sufrió abusos de niño-, obtuvo luz verde el pasado 9 de junio. Se trata de uno de los primeros proyectos que había puesto en marcha el Ejecutivo ante del tsunami del coronavirus. 

El Gobierno asegura que esta ley responde a la necesidad de protección a la que tienen derecho los menores e incluye medidas en muchos ámbitos (prevención, actuación en el nivel educativo, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad, redes sociales, justicia…), teniendo en cuenta varias de las observaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los estándares internacionales desarrollados por el Consejo de Europa en sus distintos convenios.

Entre las novedades de la norma destaca que los centros educativos tendrán que tener protocolos contra el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión o cualquier otra forma de violencia o la creación de unidades especializadas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir estos delitos. Otro aspecto reseñable es que los delitos graves cometidos contra los menores no empezarán a prescribir hasta que la víctima tenga 30 años.

Ley Celaá

Aunque la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros se produjo poco antes de decretarse el estado de alarma, el Gobierno sí ha seguido durante la pandemia con la tramitación de la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá. El Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox al proyecto. 

La votación despejó el camino a la tramitación de la norma y puso de manifiesto que en la Cámara existe una mayoría partidaria de derogar la actual LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), conocida como Ley Wert, aprobada hace siete años por el Partido Popular. 

Pese a contar con apoyo suficiente, la nueva norma ha sido criticada, entre otros, por declarar la asignatura de religión como voluntaria, poner límites a los centros concertados y rebajar los requisitos a los alumnos para pasar de curso en la ESO y Bachillerato.

Nuevos objetivos para las emisiones de CO2

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Congreso el proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esta propuesta legislativa modifica la norma vigente, para introducir las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la Directiva UE 2018/410 y adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en al menos un 40% en 2030 con respecto a los valores de 1990.

Nuevas plazas para los militares

A finales de mayo, el Ejecutivo aprobó en su reunión semanal el Real Decreto  por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020. En concreto, se dio el visto bueno a la convocatoria de 1.857 plazas para acceder a los centros de formación de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil, de las cuales 700 se reservan para que militares de las escalas más bajas se queden en el Ejército y no tengan que abandonarlo a los 45 años.

El Gobierno ha convocado así para este año 792 plazas de acceso directo: 570 para la escala de oficiales, 207 para las escalas de suboficiales y 15 para militares de complemento a las escalas de oficiales. El resto de plazas, 1.065, son de promoción interna, un 57% de ellas para militares de tropa y marinería, suboficiales y militares de complemento. 

Ayudas a la agricultura y ganadería

El Consejo de Ministros dio vía libre dos Reales Decretos para ayudar a las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y los siniestros de 2019 que ocasionaron daños tanto en producción como en elementos de las explotaciones agrarias. 

De estas ayudas podrán beneficiarse los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, aunque contempla tres supuestos. Estas ayudas, cuyo presupuesto máximo estimado es de 4.250.000 euros, se dirigen a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dedicadas a la producción agrícola primaria. 

Serán compatibles con otras ayudas ya establecidas y con las que pudieren fijar las autonomías para los mismos fines en las mismas fechas, siempre que no supere el porcentaje máximo del 80% de los costes subvencionables, recogido en la normativa comunitaria.