El caso 8-M sigue adelante. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Asimismo mantiene la declaración de Franco prevista para este miércoles.

De esta forma, la investigación se mantiene y Franco se sentará ante la juez en calidad de investigado en el contexto de la celebración de las marchas del 8 de marzo. La alegación queda rechazada, después de haber sido solicitada por la Abogacía y la Fiscalía. Estas alegaban que la causa se inició "cuando los plazos judiciales estaban suspendidos". Algo que la magistrada Rodríguez-Medel deniega, puesto que lo que el estado de alarma provoca es que no se pueda poner fecha a los plazos para presentar recursos, pero no implica una paralización de las investigaciones.

En definitiva, el auto asegura que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones. Por ello, "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".

En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los reproches y argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso que fue conocido este lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación.

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También incluye la juez críticas a la Abogacía del Estado. "Somos de la opinión de que aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado", expresa Carmen Rodríguez-Medel

Por otro lado, también rechaza el intento de la Abogacía del Estado de que no se recaben las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del Gobierno en relación con el covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo 2020.

La instructora remarca que "esas instrucciones internas no son objeto de investigación", algo que ella misma ya ha "concretado en resoluciones anteriores", pues sí lo son las "decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones". No obstante, cree que esto "no impide recabar" esas recomendaciones de Franco, ya que las considera "útiles para la investigación", pues "permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre el covid del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones".