El Gobierno obligará a llevar mascarilla en el transporte público a partir del lunes

Pedro Sánchez compareciendo en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Moncloa

El lunes comienza oficialmente la fase 0 de la desescalada en todo el territorio nacional y el Gobierno quiere evitar en la medida de lo posible un repunte de los contagios. Por ello, este sábado, el presidente Pedro Sánchez anunció que a partir de este lunes día 4 será imprescindible y obligatorio llevar mascarilla para utilizar cualquiera de los sistemas de transporte público.

Así lo explicó Sánchez en una comparecencia en la Moncloa con un tono menos grave que el utilizado hasta ahora y con la que quiso dar por oficialmente iniciado el "cambio de rumbo" hacia la "nueva normalidad" que el Gobierno promueve desde hace unos días. En las últimas semanas, el Ejecutivo se había resistido a hacer obligatorio el uso de la mascarilla, pero lo cierto es que ahora el suministro está más normalizado.

Para garantizar el uso de estos equipos, Sánchez anunció que las administraciones harán un nuevo reparto de material de protección a los usuarios del transporte público el próximo lunes. Seis millones de mascarillas las repartirá el propio Ejecutivo, otros siete la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y un millón y medio más serán entregadas por ONG como Cruz Roja.

El presidente, además, recordó que a partir del próximo lunes podrán abrir los comercios que puedan atender con cita previa, así como los restaurantes y cafeterías para servir comida para llevar. "Estos alivios llegan dosificados y pueden parece insuficientes, pero son importantes", reivindico el presidente, que aseguró que el lunes es el momento a partir del cual "vamos a recuperar poco a poco" nuestra "vida social". Aunque eso sí: "Ahora será más importante aun el control y la responsabilidad social y personal".

Una nueva prórroga del estado de alarma

Para el tránsito a esa "nueva normalidad", no obstante, Sánchez insistió en que será necesario mantener el confinamiento, aunque de manera parcial. Y eso implica que el estado de alarma debe seguir en vigor, por lo que el presidente del Gobierno confirmó que pedirá el próximo miércoles una nueva prórroga al Congreso de los Diputados para extenderlo otros 15 días, hasta el 24 de mayo.

Ante las dudas que han expresado varios de los partidos de la oposición en relación al sentido de su voto para extender la alarma, el presidente del Ejecutivo fue muy claro: "No hay un plan B", una alternativa a la alarma, que permita mantener un plan de desescalada que requiere restricciones a la movilidad, por no hablar de que la vigencia de muchas de las ayudas sociales extraordinarias que se han puesto en marcha depende de que se extienda el estado de alarma.

"Todos somos conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante", aseguró Sánchez, que sostuvo que desde el inicio de la crisis ha mantenido un diálogo fluido con la oposición pese a que ésta le acusa de justamente lo contrario. Y rechazó "polemizar" y responder directamente a sus críticas. "Los contagios no se evitan con polémicas, ni con división, ningún enfermo se cura con insultos, sostuvo el presidente, que pidió a todos los partidos y administraciones "colaborar" para que salga adelante el "pacto de reconstrucción" que promueve.

De hecho, Sánchez reivindicó su decisión de acudir cada 15 días al Congreso a prorrogar la alarma a pesar de que podría pedir su extensión por un plazo mayor, y aseguró que "cada lunes" desde que se inició el confinamiento ha "hablado" con todos los líderes de los diferentes partidos de la oposición. No obstante, el PP desmintió sus palabras a través de Twitter y aseguró que el presidente del Gobierno solo se ha puesto en contacto con el líder popular, Pablo Casado, en tres ocasiones desde el inicio del estado de alarma.

16.000 millones para las comunidades

En este sentido, Sánchez hizo otro anuncio relativo a las comunidades: la entrega de 16.000 millones de euros -no detalló cómo se repartirán- de un nuevo fondo que diseñará el Gobierno y que las autonomías no tendrán que devolver. 10.000 millones, detalló Sánchez, deben servir para cubrir parte del gasto sanitario, otros mil para el aumento del gasto social, y los 5.000 restantes se emplearán para financiar medidas que amortigüen la caída de la actividad económica.

Se trata, a escala nacional, de un fondo idéntico al que España lleva semanas proponiendo en la UE. Y servirá, según sostuvo el presidente del Gobierno, para comenzar a remediar el "mayor cataclismo económico en un siglo", que según anunció el Ejecutivo esta semana llevará a la economía española a contraerse más de un 9% este año. Sánchez aseguró que el Gobierno trabaja con el horizonte de "recuperar la riqueza y el empleo en los próximos dos años para terminar en 2023" superando las cifras de PIB y desempleo de inicios de 2020.

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