Ante la ausencia de test masivos para la población y sin un calendario preciso sobre cuándo y cómo irá recuperándose la actividad económica, el mundo empresarial ha decidido intentar la desescalada por su cuenta, sin desobedecer los dictados del Gobierno pero sin seguirlos tampoco a rajatabla. En las últimas semanas, muchas empresas están acudiendo a laboratorios médicos y centros sanitarios privados en búsqueda de presupuestos para  hacer tests de coronavirus a todos sus empleados. 

En términos generales, la CEOE plantea que se debe permitir hacer tests a las empresas que quieran si lo consideran necesario por su actividad. Sin embargo, estas prácticas chocan con la manera que entiende el Gobierno en la que deben realizarse las pruebas de diagnóstico, aunque se valen de la normativa que precisamente puso en pie el Ejecutivo. La discrepancia radica por ejemplo, en que el Gobierno exige "prescripción médica" para realizar los tests, cuando Gobiernos regionales como el madrileño permiten que sean los propios servicios médicos de las empresas quienes den luz verde.  

Tests y cifras de la OCDE

El Gobierno pretendía así que los diagnósticos se hagan solo a personas con síntomas o a colectivos vulnerables, como personal sanitario. Para el resto de la población, parece haber renunciado a hacer tests masivos. Entre las condiciones para la desescalada que Sanidad está poniendo a las comunidades solo figura que sean capaces de hacer PCR a quienes ingresan en un hospital o en las residencias. Pero no dice nada de la población en general, a pesar de que el Gobierno sacó pecho este lunes porque la OCDE situó a España como octavo país de entre sus miembros que más pruebas de diagnóstico ha realizado, 26,8 por cada 1.000 habitantes. 

Sin embargo, estas cifras no forman parte de ninguna investigación independiente. Salen directamente del Gobierno, de manera que enseguida quedaron en cuarentena. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que la OCDE las obtuvo del Ejecutivo central y este, a su vez, de las comunidades. Además, están infladas, porque suman PCR y tests rápidos, cuando el resto de países solo reporta los PCR.

En este escenario, hay ya muchas empresas dispuestas a pagar de su bolsillo pruebas diagnósticas para todos sus empleados con tal de saber cuáles de ellos  pueden reincorporarse ya a sus puestos de manera presencial. En muchos casos, se trata de empresas cuyos empleados llevan teletrabajando desde que se decretó el estado de alarma. 

Pero empiezan a tener prisa por retomar la actividad de la forma más normal posible y acuden a centros como Quirón Prevención, donde aseguran que en las últimas semanas estan gestionando una gran cantidad de presupuestos para empresas. En su caso, se realizan test de inmunoglobulinas para detectar anticuerpos de coronavirus. Prefieren no dar precios porque varían en función del número de empleados. 

Los laboratorios Atrys están especializados en pruebas oncológicas pero también trabajaban con PCR que, actualmente son el grueso de su actividad, también para empresas que quieren tener un diagnóstico de sus empleados. 

"Las empresas están empezando a pensar en sus estrategias de despliegue y vuelta al trabajo. En ese marco, hace semanas que recibimos peticiones de compañías interesadas tanto en los tests como en un asesoramiento de cómo proceder en su vuelta al trabajo. Estas peticiones se cuentan por decenas", afirman en esta compañía. Tiene capacidad para realizar "entre 3.000 y 5.000 tests al mes", aunque no pueden "adelantar" los diagnósticos que se están realizando en estos momentos.

Letra pequeña de la intervención de los laboratorios

En teoría, estos laboratorios fueron intervenidos hace unas semanas por el Ministerio de Sanidad y puestos a disposición de la sanidad pública, precisamente para evitar hacer tests indiscriminados. Este lunes, Illa ha dejado claro que el Gobierno no comparte la práctica de las empresas. 

En una rueda de prensa en Moncloa, ha concedido que lo hacen "con la mejor intención", pero ha recordado que "lo mejor que pueden hacer las empresas es adaptar sus procesos productivos a la nueva normalidad", empezando por el teletrabajo, al que las empresas contemplan empezar a poner fin si son capaces de determinar quiénes entre sus empleados tienen coronavirus y quiénes no. 

Illa ha insistido en el teletrabajo, en la distancia entre trabajadores o en medidas de higiene como "lo mejor que pueden hacer las empresas" para luchar contra el coronavirus. "Esto es más efectivo que hacer tests a personas que no presentan síntomas", ha advertido.

El ministro también ha recordado la orden ministerial que intervino los laboratorios,que dice que para hacer las pruebas es necesaria la autorización de la "autoridad sanitaria competente" y que la persona en cuestión tenga una "prescripción médica". Sin embargo, las empresas están haciendo pruebas indiscriminadas precisamente en virtud de esta instrucción. 

Sanidad dejó la ejecución a las comunidades. La de Madrid, por ejemplo, estableció que las empresas no tienen más que notificarle que van a hacer tests a sus empleados, previa prescipción que expiden los servicios de prevención de riesgos laborales de la propia empresa.