Los autónomos que hayan pedido el cese de actividad debido a la caída de ingresos por la emergencia del coronavirus empezarán a cobrar la prestación el viernes que viene, 17 de abril. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social apuntan que todos los trabajadores por cuenta propia que hayan parado hasta dos días antes serán beneficiarios de un primer pago que el ministro José Luis Escrivá elevó hace unas semanas en 950 euros, que salen de lo que ahorra el trabajador por no tener que pagar cuota de autónomos y la ayuda en sí misma.

El departamento que dirige Escrivá no ha pedido precisar este lunes la cantidad total de personas que recibirán la prestación pero hace a principios de abril el propio ministro indicó que de los 3,2 millones de trabajadores autónomos que hay en España, para entonces habían solicitado el cese de actividad 500.000.

El cese de actividad es una figura que ya existía pero que ha sido adaptada por el Gobierno a la emergencia del coronavirus, de manera que pueden acogerse a ella los trabajadores por cuenta ajena que hayan visto caer sus ingresos en al menos un 75% desde que empezó la pandemia. El cese de actividad comporta estar exentos del pago de la cuota de autónomos y la percepción de una prestación, que en conjunto Escrivá cifró en 950 euros.

Díaz y Escrivá, enfrentados por el 75%

Precisamente, el umbral del 75% de caída de ingresos para poder acogerse a esta prestación sigue siento objeto de disputa entre los autónomos y el Gobierno y también dentro del mismo Ejecutivo, entre ministros de los dos socios de la coalición.

Desde que el Gobierno fijó este porcentaje como condición para cesar actividad, las tres principales organizaciones de trabajadores autónomos -ATA, UPTA y UATAE- están insistiendo en que debe rebajarse, al entender que unas pérdidas menores ya son una ruina para los trabajadores.

Así, ATA pedía poder cesar actividad y recibir la prestación con una caída de ingresos del 30%; UATAE, del 40%; y UPTA, del 50%, aunque los porcentajes se han movido en busca de un acuerdo.  Así, ATA ha subido hasta el 40% en la caída de ingresos, con la esperanza de conseguir que el Gobierno acceda a fijar el cese de actividad con el mismo criterio con el que considera que un autónomo es "vulnerable" como para obtener un aplazamiento en la hipoteca sobre el local de su negocio, tal y como se establece en el tercer real decreto con medidas económicas que se aprobó antes de Semana Santa.

En este escenario, representantes de las tres organizaciones se han reunido este lunes con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, según fuentes de los tres colectivos, se ha mostrado totalmente de acuerdo con rebajar el umbral de la caída de ingresos. No obstante, Díaz también les ha advertido que esa no es una competencia de su ministerio, sino del ministerio vecino de Seguridad Social, reacio a modificar el 75%.

Fuentes del equipo de Escrivá han corroborado este lunes que, efectivamente, de ese tema "no hay nada".