Fabio Bienvenido tiene 57 años y, sin perspectivas de empleo, hace nueve meses se compró una furgoneta para hacer mudanzas y otros portes. Con ella se mantenían él y su mujer, Ramona Pérez, que lleva meses sin ingresos tras varios años cuidando ancianos a domicilio sin ser dada de alta en la seguridad social.

El número de teléfono de Fabio aparece en una web de anuncios por palabras, pero desde hace quince días nadie le llama para contratar sus servicios. 

Caseros solidarios: "No puedo dejar que una persona tenga que decidir si come o me paga"

"No tengo para pagar la furgoneta, me la quitarán y nos echarán del piso. No puedo salir a buscar trabajo, me multarán. En la nevera queda un litro de leche y una cebolla. Ayer cenamos el último huevo, ¿qué hacemos?", se pregunta.

Joyce tiene un contrato de cuatro horas al día en la limpieza de una cadena de conocidas peluquerías y, hasta la semana pasada, completaba sus ingresos limpiando casas para mantenerse a ella y a su hijo, menor de edad. La cadena de peluquerías probablemente les hará un ERTE, pero el coronavirus le ha dejdado sin casas que limpiar y con menos de la mitad de ingresos.

Fabio y Joyce viven en la economía informal o sumergida, que Funcas calcula que equivale en España, al menos hasta la presente crisis, a cuatro millones de empleos y representa el equivalente al 25% del PIB español. 

Pero además de cifras son personas, familias a las que el confinamiento ha dejado sin jornal, pero con necesidades básicas que cubrir.

Trabajadoras domésticas y cuidadoras de ancianos a las que sus empleadores pagan parte o la totalidad de su jornada "en negro", los que viven de hacer mudanzas, los manteros, las costureras a las que les cierran las fábricas, los jornaleros de la construcción, camareros, artistas callejeros o las prostitutas también quedan desvalidos.

Las familias más vulnerables podrán beneficiarse de las medidas sociales previstas en el decreto de alarma, como impedir que les corten ahora los suministros básicos, pero afrontan desde este mes serias dificultades para llenar la cesta de la compra o el pago del alquiler, explican.

Víctor García, responsable de empleo en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, reclama dotar a las administraciones locales de fondos económicos suficientes "para los colectivos que no van a tener ingresos y sí necesidades de la vida cotidiana".

Mientras llegan esas ayudas, las soluciones de emergencia que surgen se instalan también en el ámbito de la economía informal. Así, manteros y prostitutas, por ejemplo, han abierto sendas "cajas de resistencia" para las que piden colaboraciones económicas voluntarias con el objetivo de que las personas de estos colectivos puedan afrontar el aislamiento.

Las empleadas domésticas, sin paro y explotadas

Mención aparte merece el colectivo de las 635.000 trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social. Mujeres en su mayoría que estaban ilusionadas ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno cumpliera su promesa de ratificar el artículo 189 de la OIT que las saca de un régimen laboral especial y las permitiría generar paro ante un despido. Pero el coronavirus se ha anticipado a la reforma legal, y las ha dejado desamparadas, según denuncian colectivos que las defienden, como Senda de Cuidados o Territorio Doméstico.

Paola, de 40 años, trabaja en la limpieza de una casa en la que un familiar ha dado positivo por coronavirus. Ahora ella está con los síntomas previos en su piso de 50 metros, que comparte con una hija adolescente y con su madre. Está de baja, por lo que no puede ir a limpiar las otras tres viviendas que le ayudan a llegar a fin de mes. "En dos casas me van a adelantar el  sueldo y ya recuperaré las horas pero la tercera me ha dicho que si no limpio, no cobro. Y yo no estoy tan mal, que hay compañeras despedidas sin nada y otras a las que sus empleadores obligan a quedarse de internas, que es como si a un trabajador le obligaran por el coronavirus a quedarse a dormir en la empresa".