Tras la polémica por los juramentos de la Constitución efectuados por algunos partidos independentistas y nacionalistas periféricos, el Congreso votará este martes si incluye en su reglamento una fórmula expresa que obligue a los parlamentarios a acatar la ley con un escueto "sí, juro" o "sí, prometo".
La iniciativa ha sido planteada por el PP, que exige que la normativa de la Cámara Baja obligue a los diputados a utilizar esa fórmula "sin que pueda preceder ni proseguir ninguna otra expresión a dicha afirmación que vacíe, limite o condicione su sentido propio". Los conservadores pretenden así eliminar las alusiones a los "presos políticos", los "exiliados", las repúblicas vasca y catalana o el "imperativo legal" que utilizaron en sus juramentos los diputados de ERC, PNV, EH Bildu o JxCat al adquirir la condición de parlamentarios.
El PP ya protestó en diciembre por las fórmulas utilizadas por estas formaciones e incluso llegó a pedir a la Mesa del Congreso que anulase la condición de diputados de quienes las utilizaron, si bien el órgano -con mayoría de PSOE y Unidas Podemos- rechazó la solicitud. A juicio de los conservadores, la inclusión de "expresiones más o menos imaginativas o pintorescas [...] pervierten el sentido del acto, abusando de una doctrina constitucional flexible, pero clara, y arrojando serias dudas sobre su validez".
La iniciativa, no obstante, tiene pocos visos de salir adelante, habida cuenta de que, además del PP, solo Vox y Ciudadanos se han mostrado frontalmente en contra de esta práctica, que la extrema derecha incluso ha llevado al Tribunal Constitucional.
La derogación de los plazos de instrucción
Más allá de esta cuestión reglamentaria, el pleno del Congreso debatirá este martes si comienza a tramitar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción en los procesos penales. La iniciativa, presentada por Unidas Podemos, pretende derribar la reforma que aprobó en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy, por la cual se establece un plazo general de seis meses y uno especial de 18 meses -aunque con posibilidad de prórroga- para las investigaciones expresamente declaradas complejas.
La formación morada, en su iniciativa, argumenta que "acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos". Especialmente, dice, las relativas a "los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada". "La ciudadanía puede legítimamente pensar qué habría sido de los grandes casos de presunta corrupción que se investigan en este país, qué resultado habrían tenido de tener que juzgarse o archivarse en esos plazos de seis o 18 meses", deja caer Unidas Podemos.
Por último, el Congreso debatirá una proposición no de ley -que carece de efectos legales- de Vox para instar al Gobierno a aumentar las ayudas a familias numerosas. La formación pide "aumentar el cheque familiar en 600 euros por hijo a partir del tercer hijo y siguientes", así como "elevar la cantidad del mínimo exento por descendiente a aplicar en el IRPF a partir del tercer hijo y siguientes" e "introducir una prestación por hijo universal de 100 euros al mes por hijo".
Comentarios